Carlos Castresana aseguró que le arrancó el compromiso a “grandes” empresarios para que apoyen al país a cambio de no pagar un impuesto sobre sus bienes.
Hace un mes, en un foro empresarial le preguntaron a Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): ¿Cómo podían (los empresarios) colaborar con la justicia? Él les dijo que pagando más impuestos, pero uno especial, usando la misma fórmula de Colombia, donde quienes más propiedades tienen, pagan un impuesto especial de seguridad.
La respuesta no tardó en llegar: no. Los argumentos para negarse pasaron por la falta de transparencia de administración pública. Pero aclararon que estaban dispuestos a colaborar en “especie” en obras tangibles.
“Estamos pidiendo a empresas que paguen la cárcel de máxima seguridad”, dijo Castresana. Él logró lo que no había hecho el Gobierno: la colaboración, por lo menos de palabra, de “grandes” empresarios, aunque no lo dio por sentado. “Son conversaciones, me han dicho que sí”, afirmó el Comisionado que arrancó, de paso, también la promesa de apoyo para construir un edificio para el Organismo Judicial y, posiblemente, el apoyo al programa de protección de testigos, pero a la vez hizo un llamado a toda la sociedad que se una a todo el proyecto. “Aun cuando el sector privado, el más capaz, puede ayudar todo el pueblo debería hacer un aporte de Q100, por ejemplo, aunque alguien de un millón”, afirmó.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Melgar, indicó que los magistrados estarían realizando un análisis dado que “nunca se ha tomado en cuenta una fuente de financiamiento proveniente de la iniciativa privada”.
Algunos empresarios consultados por la vía telefónica indicaron que no tenían conocimiento de lo expresado por Castresana.
Castresana regresó ayer a Guatemala de Washington D.C., donde había presentado un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Del aeropuerto se dirigió directo a Casa Presidencial donde se reunió con el presidente Álvaro Colom y con el jefe del Ministerio Público (MP), Amílcar Velásquez Zárate.
La prisa de Castresana era hablar con Colom sobre la reducción en el rubro de seguridad y justicia en el proyecto de presupuesto para 2010. Dijo que esto no es coherente con su discurso. “Nos preocupa que el presupuesto se había reducido en seguridad y justicia. –Ni siquiera quedó igual–, se redujo. Debería incrementarse al doble o al triple porque estamos en una emergencia”, refirió. Dijo que el mandatario se comprometió a estudiar las necesidades del MP “porque se necesitan más policías y fiscales para la CICIG”.
De no ser así, la Comisión no podrá crear “el micro sistema de justicia” que busca para hacerle frente a los grupos del crimen organizado, mencionó.
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