Cuando un agente de PMT lo detenga, no permita que le quiten sus documentos, no ceda ante la presión.
Portar uniforme, llevar radios y conducir patrullas no le da derecho a un agente municipal de violar los derechos individuales de las personas.
Los abusos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en contra de los conductores son múltiples y no se detienen.
Más recientemente dos patrullas inteligentes que, como aves de rapiña en espera de su presa, se dedican a atrapar individuos que tienen multas, fueron adquiridas por la Municipalidad capitalina.
Una de ellas ha estado, por estos días, varada en la avenida Las Américas, zona 13, muy cerca de mi oficina y por esta misma situación he visto en múltiples ocasiones los abusos que cometen contra los ciudadanos de a pie.
Además de la prepotencia que distingue a los agentes, lo más preocupante es la ilegalidad con la que pretenden quitarle al conductor su licencia y tarjeta de circulación del vehículo. En caso de que alguien se atreva a contradecirlos, amenazan con poner una multa adicional de Q1,000 por presunta falta de respeto a la autoridad.
Esta situación es imperdonable, pues lo último que nos faltaba es que los ciudadanos nos quedemos callados e intimidados frente al abuso policial.
Bajo ningún punto de vista, las autoridades municipales pueden prohibir que los ciudadanos defendamos nuestros derechos. No podemos bajar la cabeza ante los abusos de autoridad e ilegalidades que se cometen en la PMT.
No estoy en contra de que la PMT se encargue de ordenar la ciudad y multar los abusos de los ciudadanos que cometen infracciones. Es más, aplaudo el ordenamiento del tráfico.
Sin embargo, considero que la intimidación es una de las secuelas que la violencia y la guerra nos han dejado, y al mismo tiempo es uno de los mecanismos más nefastos para aplicar la ley.
En el caso de la PMT, es evidente que existe negligencia en la institución y que muchas de las multas impuestas jamás son notificadas a los infractores. Con ello se viola el estatuto que establece un descuento del 25 por ciento que otorga la ley si se cancela la multa dentro de 5 cinco días hábiles siguientes a la imposición.
Cuando los conductores son detenidos por los agentes de PMT, uno de los primeros requisitos sería informarles de sus multas y conocer si la persona está al tanto de ello.
El solo hecho de retirar papeles es una ilegalidad absoluta. Mucho más, cuando estos policías recurren a agentes y otras patrullas para intimidar ciudadanos.
Mi consejo, para los ciudadanos que podrían ser intimidados por los abusos de Emetra, es que conozcan a fondo el Reglamento de Tránsito, en los Artículos 175 y 176, donde claramente dice que la autoridad puede retener la tarjeta de circulación mientras se realizan las pruebas de alcoholemia, cuando el vehículo está estacionado en lugar prohibido, se vea involucrado en un accidente de tránsito, carezca de placas o transite sin tarjeta de circulación o con datos alterados. En ninguna parte de la ley se menciona que los documentos pueden ser retenidos cuando el conductor no ha pagado su multa.
En el único caso en que la autoridad puede retener los documentos es cuando se acumulan tres multas, según el Artículo 33 de la Ley de Tránsito (Decreto 132-1996). Preocupa que no existan mecanismos para corroborar la legitimidad de las sanciones. En las páginas web de estas instituciones se muestran a diario decenas de quejas sobre los abusos que cometen los policías. Hace algún tiempo, también fue evidente los abusos cometidos con los velocímetros, un mecanismo que detecta cuando un auto viaja a una velocidad superior a los 70 km. por hora y donde los infractores casi nunca fueron informados.
En abril de 2008, sucedió un caso lamentable cuando 30 policías municipales de Tránsito atacaron a los agentes de una patrulla de la Policía Nacional Civil que habían capturado a un agente de la PMT, luego de que había atropellado a un motorista en la 13 calle y 5a. avenida de la zona 1. En esta ocasión se armó una lamentable trifulca entre las autoridades que evidenció el irrespeto y la falta de humanidad que abundan en los agentes municipales. Por el bien de la ciudadanía, las autoridades municipales deben detener estos abusos.
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