Los hondureños desean saber qué ocurrirá tras las elecciones del 29 de noviembre. En consecuencia, un grupo de la sociedad civil, apoyado por la revista Estrategia y Negocios, organizó un seminario internacional el 12 de noviembre para examinar a fondo este asunto. Participé en el evento, pero además quería satisfacer una curiosidad diferente. Luego la explico.
Al guatemalteco Julio Ligorría, experto en solucionar crisis, le pidieron analizar cómo y por qué la percepción internacional fue tan negativa con el gobierno de Roberto Micheletti, aunque en la salida de Manuel Zelaya se aplicaba estrictamente la ley. Al peruano Álvaro Vargas Llosa, autor de dos libros sobre cómo abandonar el subdesarrollo, le solicitaron una visión de futuro para que Honduras deje de ser el tercer país más pobre del continente.
De mí esperaban una predicción sobre cuál sería la respuesta del castrochavismo frente al legítimo Gobierno que emerja de las urnas, a la que agregué una incómoda advertencia final: quizá sea la última oportunidad para salvar las libertades individuales y la estructura republicana. Si el pueblo no ve en la democracia y el pluralismo una solución a los intereses de la inmensa mayoría, es probable que en la próxima oportunidad se deje embaucar por algún demagogo “bolivariano”.
Pero, al margen de mi desagradable trabajo como Casandra, quería averiguar por qué Estados Unidos apoyaba ahora cualquier decisión del Congreso y la Corte Suprema hondureñas, lo que significaba que Zelaya no volvería a gobernar.
Cinco causas explican este cambio radical:
El Departamento de Estado comprobó que el respaldo institucional hondureño a la destitución y arresto de Zelaya era prácticamente unánime y se mantenía firme, pese a las sanciones y las cancelaciones de visas y, según las encuestas, el 80 por ciento de la población prefería mantener al presidente alejado del poder.
El informe del departamento jurídico de la Biblioteca del Congreso sobre la remoción de Zelaya, solicitado por un legislador, no dejaba dudas: Zelaya fue separado del cargo y sustituido por Micheletti de acuerdo con la legislación. Expulsarlo del país seguramente fue ilegal (acaso debieron encarcelarlo), pero exigir su restitución era como pedirle a los hondureños que violaran la ley.
El nuevo Gobierno de Honduras supo trasladar el debate al seno de la sociedad norteamericana, mediante congresistas y senadores republicanos, y la administración de Obama estaba pagando un precio político interno por sostener una postura antidemocrática contraria a los intereses y valores del pueblo estadounidense.
En el Departamento de Estado circulaban dos páginas de la inteligencia norteamericana donde se consignaban los presuntos delitos y complicidades del entorno íntimo de Zelaya con el narcotráfico y la corrupción. No tenía sentido colocarse en ese mismo bando, mientras Washington mantenía en Honduras la base militar de Palmerola, supuestamente dedicada a vigilar y combatir las actividades que realizaban familiares y amigos de su protegido.
Tampoco parecía sensato alentar la supervivencia artificial de un régimen próximo a Chávez, quien al asociarse a Irán y prestarle apoyo para desarrollar armas nucleares, ha pasado a ser un enemigo peligroso.
Este análisis es el que también explica el apoyo dado al gobierno de Micheletti por la Internacional Liberal y su presidente, el eurodiputado holandés Hans van Baalen, y el envío de observadores a las próximas elecciones que ya han hecho diversas instituciones del mundo democrático. Es probable que el próximo presidente electo no tarde en recomponer las relaciones internacionales del país. Ojalá. www.firmaspress.com
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