Los profesionales independientes y empresas con ingresos superiores a los Q60 mil anuales serán los más afectados con la propuesta tributaria.
De ser aprobado el proyecto de reforma tributaria que el Ejecutivo envió al Congreso de la República, los contribuyentes deberán hacer ajustes para cumplir con el pago de sus impuestos durante el próximo ejercicio fiscal.
Las modificaciones al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto de Solidaridad (ISO) afectan a los profesionales y empresas con ingresos anuales superiores a los Q60 mil y dejará invariable el efecto para los que perciban menos de ese monto así como a los trabajadores en relación de dependencia.
En el caso del ISR el alza de 5 a 6 por ciento a los ingresos o ventas brutas de las empresas o profesionales represeta un incremento del 20 por ciento neto. Y en el caso del ISO, el alza de la tasa de 1 a 2 por ciento es un incremento del 100 por ciento, que afectará a las empresas pequeñas que no generan alta rentabilidad y con problemas en su flujo de caja.
El alza a los timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo afectara la distribución de dividendos, el pago de los premios de rifas de entidades no lucrativas, comprobantes de pago de fianzas y seguros, así como a toda la actividad notarial en general.
Sin embargo, para el asesor fiscal, Óscar Chile Monroy, si los operadores de telefonía móvil deciden trasladar al usuario la parte del impuesto de Q0.15 por minuto, la propuesta afectaría a la mayoría de la población.
Jorge Santos, analista del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), opina que las tarifas de telefonía móvil varían operador y contrato, por ejemplo para un cliente con un plan de Q400 mensuales el costo del minuto es de Q0.40 y en el caso de los planes de Q165 al mes la tarifa es de Q0.65. El analista señala que los usuarios con planes post pago son cerca del 5 por ciento de los usuarios, el restante 95 por ciento de los 15.9 millones de teléfonos celulares son pre pago (tarjetas y recargas).
En este caso, Chile Monroy sostiene que el argumento de gravar el tráfico telefónico para aumentar la recaudación que se pierde por la venta de tarjetas y recargas en “la calle” o tiendas donde no se extiende factura debería mejor enfocarse al control de los distribuidores mayoristas a quienes facturan los operadores.
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