Honduras espera con calma las elecciones del domingo. El Gobierno de facto le apuesta a que los comicios le pondrán fin a la crisis.
Nuevo revés para Manuel Zelaya. La Corte Suprema de Justicia de Honduras entregó ayer al Congreso Nacional la opinión jurídica que le fue solicitada para que los diputados decidan si restituyen o no en la Presidencia de Honduras al derrocado mandatario.
Y reiteraron que Zelaya continúa con las acusaciones que le imputó la Fiscalía General y por las cuales la Corte Suprema de Justicia ordenó su destitución y arresto.
El presidente de la Corte, Jorge Rivera, expresó que el Organismo Judicial considera que el Parlamento “cuenta con información para analizar las acciones del ciudadano Manuel Zelaya Rodales”, en especial si el fin que buscaba “estaba orientado o no a la violación del principio de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”, algo penalizado por la legislación hondureña.
La corte es la última instancia en entregar al Parlamento su opinión antes que el 2 de diciembre los diputados voten si permiten el regreso al poder de Zelaya o mantienen su posición del 28 de junio cuando designaron a Roberto Micheletti como su sucesor para que concluya el mandato presidencial que vence el 27 de enero de 2010.
El magistrado Jacobo Cálix informó que la votación de los magistrados fue de 14-1 a fin de mantener la posición de la máxima instancia judicial en cuanto a sostener las acusaciones contra Zelaya.
“Es lo mismo que dijo la corte el 21 de agosto, mientras tenga cuentas pendientes con la justicia no puede regresar al poder”, dijo ayer el vocero de la Corte Suprema de Justicia a la AP, Danilo Izaguirre.
La medida implica en los hechos que Zelaya no regresaría al poder, ya que la corte mantiene la orden dada a las Fuerzas Armadas y Policía que lo arresten si lo encuentran en territorio nacional.
La Fiscalía General presentó 18 cargos contra Zelaya, incluyendo abuso de autoridad y traición a la patria. Pero el mismo Zelaya ha dicho en varias ocasiones que tiene conocimiento de las 24 acusaciones, incluyendo corrupción y narcotráfico, estas 2 últimas la Fiscalía General se ha negado comentarlas.
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