La equivocación de quienes se sumaron a Chávez.
Jorge Castañeda
El próximo domingo se celebran las elecciones en Honduras y con ellas, probablemente, el principio del fin del teatro de Tegucigalpa. Ya no volvió a la presidencia Manuel Zelaya antes de los comicios; ni pudo reelegirse; ni hubo la observación internacional de la votación que hubiera sido deseable; y ya no pudo mantenerse la unidad hemisférica en torno a la crisis. Pero todo esto no es necesariamente para mal.
En efecto, el presidente Obama envió una carta a Lula, hace unos días, explicando de algún modo el cambio en la postura de EE.UU., a saber que Washington sí reconocería al ganador de los comicios del próximo domingo como presidente “legítimo” y que esperaba que Brasil, de algún modo, hiciera lo mismo. Lula, a través de su asesor Marco Aurelio García, respondió que por ningún motivo e incluso empezó a lanzar dardos más personales y directos a Obama sobre la relación con América Latina. México, para no variar, no sabe qué hacer. Por un lado, la cancillería se ha dedicado a hacer de la restauración de Zelaya condición sine qua non para validar las elecciones, por otro debe enfrentar situaciones nuevas. En primer lugar, EE.UU. ya no está en esa tesitura y ya no regresó Zelaya. Es probable que después de las elecciones, si todos lo candidatos –vencedor y vencidos– aceptan la limpieza y desenlace, Zelaya ya pueda salir de su guarida brasileña en Tegucigalpa para entregar el sombrero presidencial, como si fuera la banda, al ganador. Pero esto no resolverá el problema de los países latinoamericanos serios que hicieron del lógico, comprensible y necesario repudio a la defenestración de Zelaya, la piedra de toque de la legitimidad de las elecciones.
Muchos lo dijimos hace meses: la tesis según la cual un Gobierno ilegítimo no puede organizar elecciones legítimas, no sólo es conceptualmente absurda, sino que es históricamente falsa; y quienes mejor lo saben son los actuales gobernantes latinoamericanos. Muchos pertenecen a regímenes emanados de transiciones democráticas que vienen de regímenes autoritarios. Puede variar el período de transición o la antigüedad de la democracia; pero tanto en México, como en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay o Perú sucedió, detalles más o menos, lo mismo. Durante un número determinado de años imperó un régimen autoritario, más o menos represivo y más o menos longevo. Un día empezó una negociación tácita entre ese régimen y la oposición democrática que desembocó en elecciones pactadas. Éstas fueron más o menos transparentes y más o menos equitativas. Los ganadores portaban, sin duda, el pecado original de una elección organizada por el gobierno saliente, por definición, ilegítimo: golpe de Estado o régimen de partido único. En esos casos, en muchos de Europa del Este, en Sudáfrica y en otros, la historia muestra que sí hay una contradicción entre el advenimiento de un régimen democrático con orígenes en un régimen autoritario. Pero esa contradicción se salva al llegar los nuevos gobernantes y dejar atrás el episodio –corto o largo– autoritario. De no ser así, jamás se habrían producido las transiciones a la democracia de los últimos 25 años en América Latina.
Ni Brasil ni México, ni mucho menos Chile, debieron haber comprado el boleto conceptual de Chávez, los cubanos, Zelaya y el ALBA. EE.UU. lo compró por tratar de quedar bien, por pensar que podrían de algún modo imponer el retorno de Zelaya, aunque sólo fuera por unas horas antes de los comicios. Se equivocaron y de alguna manera sabían desde antes que se estaban equivocando, pero como lo dijo un alto funcionario del gobierno de Obama: no quería echar a andar el plan B antes de tiempo para no socavar el plan A, aunque entendía que el plan A era no nato. Los norteamericanos se salvaron de panzazo; ahora los brasileños tendrán que decidir qué hacer con su huésped incómodo; y los mexicanos seguiremos en la parálisis, la indefinición y la fatigada retórica de los años sesenta.
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