Durante la década de los noventas los académicos, economistas e instituciones multilaterales llegaron a una serie de acuerdos conceptuales en torno a política económica, conocido como el Consenso de Washington. Se validaron medidas en pro de la privatización, reducción del Estado y la desregulación en todos los ámbitos (financiero inclusive). El Consenso de Washington contenía algunos elementos de valor, como la preservación de una equidad mínima y la focalización del Estado a temas torales, entre otros. Sin embargo, el Consenso de Washington pecó de un sobresimplismo y contaba con una falla central: los mercados financieros tienen un espacio limitado para autorregularse. Descubrir ello fue sencillo y rápido: las quiebras en los noventa en los sistemas financieros asiáticos y de México, derivadas de un proceso de desregulación, se soportaron conceptualmente en el Consenso de Washington.
Guatemala también siguió esta tendencia durante la década de los noventa, aprobando la matriz de modernización financiera. Se permitió la entrada de bancos sin el fortalecimiento de la supervisión previamente y contrariamente, después se dio un debilitamiento en la supervisión bancaria. El proceso se llevó de forma inversa e incompleta. La expresión del debilitamiento sistémico de la supervisión expresó su clímax con las quiebras recientes de Bancafé pero sobre todo de Banco de Comercio, banco que incurrió en prácticas irregulares y el ente supervisor de ese entonces se hizo de la vista gorda, al punto que el banco ya quebrado se entregó. Esto resultó especialmente ilustrativo en cuanto a los niveles de supervisión de ese entonces, es decir, cero (o algo muy parecido a cero). La supervisión es precisamente preventiva/prospectiva para evitar las quiebras, si estas se dan pierde todo sentido y hay que repensar la dinámica del ente supervisor.
Los países asiáticos y latinoamericanos trabajaron arduamente a finales de los noventa y principios de este siglo para fortalecer sus sistemas financieros. Ello explica en parte la relativa fortaleza de América Latina y Asia frente a la crisis global. Sistemas financieros y bancarios sólidos, bien regulados y transparentes. Para variar el Sistema financiero chileno es ejemplo de ello, considerándose hoy uno de los sistemas bancarios mas sólidos y eficientes del mundo.
Los países desarrollados están pagando el costo de desregular el sistema financiero que, a iniciativa del partido republicano (senador Graham y Greenspan al facilitar la eliminación de la Ley Glass-Steagal).
Es así como hoy el mundo tiene el reto de fortalecer la supervisión, basándose en tres pilares básicos: 1. Ente supervisor fortalecido, 2. Transparencia financiera de las instituciones y 3. Usuarios bien informados. Esta es una ola de políticas insalvables que vendrán a Guatemala en un plazo no mayor a dos años. Las exigencias en transparencia financiera condicionarán el acceso al crédito privado y público, inevitablemente.
La nueva propuesta de Ley de Bancos Impulsada por la Superintendencia de Bancos y el Banco Guatemala representa una inflexión en un debilitado sistema de supervisión guatemalteco, un factor de gobernanza importante, particularmente en los momentos actuales. La propuesta de ley representa un esfuerzo por fortalecer el sistema financiero y la confianza en el mismo, es un importante paso en la dirección correcta, la dirección que el mundo está tomando después de la más severa crisis financiera desde los años treinta. Más que pertinente es necesaria y en hora buena. Sin embargo, prevalece aún el reto de la búsqueda de bancos transparentes con el usuario y ciudadanos bien informados, un factor de riesgo sistémico que se considera ya en los nuevos paradigmas de supervisión y evaluación de riesgo. Esta es una agenda pendiente que no puede desarrollarse por una sola institución o unas cuantas instituciones, es un esfuerzo que solamente se puede enfrentar si todo el sector tiene claridad de los alcances y beneficios tanto para el usuario como para la propia banca.
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