¿Cuántas veces ha aumentado el presupuesto nacional en los últimos 15 años? ¿Dos veces? ¿Tres? La respuesta correcta es seis. Así como lo oye: el dinero del gobierno se ha multiplicado por seis desde la firma de los Acuerdos de Paz. En 1995, era de Q8 millardos. En 2009 fue de casi Q50 millardos.
No sé qué me impresiona más: que ese incremento sustancial sea tan poco tangible en la calidad de vida de la población, o que en un pasado cercano haya sido posible gobernar el país, pagando maestros y policías, construyendo carreteras, con seis veces menos recursos. Este dato salió a luz en un foro que organizó la Universidad Francisco Marroquín y fue José Raúl González Merlo quien hizo énfasis en la comparación de estas cifras durante su exposición. El economista también mostró gráficas de la evolución del presupuesto de los ministerios de Gobernación, Salud y Educación, que han crecido de manera importante en los últimos años. Por ejemplo, en 1995, el Ministerio de Educación contaba con Q1.2 millardos y el año pasado con Q7.6 millardos.
“El gobierno tiene cada vez más ingresos y los resultados no se ven”, argumentaba González Merlo, al explicar su oposición al paquete fiscal que se encuentra en el Congreso.
A estas alturas aún no está claro si el Ejecutivo ha conseguido los votos necesarios para darle luz verde a una mal llamada “reforma”, cuyo único propósito es incrementar los tributos para evitar que los niveles de deuda pública se vuelvan inmanejables.
En otras palabras, tanto quienes defienden la propuesta gubernamental como quienes se oponen a ella saben que este paquete de impuestos servirá únicamente de parche, pues está lejos de resolver los problemas fiscales de fondo del país.
Lo más frustrante de este debate es que suele abordarse con más pasión que seriedad, como si la búsqueda de consensos tuviera que arrancar de cero. ¡Qué cara le sale a Guatemala nuestra falta de memoria! El liderazgo en pleno de este país –desde los partidos políticos hasta la empresa privada, pasando por las universidades, las cooperativas, las iglesias, los medios y el universo ONG– sabe muy bien que en esta discusión no hay necesidad de retroceder al primer cuadro del tablero a jalarse el pelo.
Sobre el espinoso tema de los impuestos existe un proceso de negociación muy sólido, el Pacto Fiscal, que culminó en 2000 y donde se logró de manera admirable la convergencia de la sociedad organizada, desde el Cacif hasta la URNG. La esencia de este pacto sigue vigente y puede ser un buen punto de partida para llegar a acuerdos políticos.
Nadie se atrevería a negar que Guatemala es un país donde entre el 15 y el 20 por ciento de la población vive en pobreza extrema. Ello significa que más de 2 millones de personas se encuentran sumidas en tal pozo de miseria que precisan de una ayuda vigorosa e integral para salir del círculo vicioso de la exclusión. El sector público está llamado a reducir esas brechas y para ello se necesitan recursos.
Ahora bien, uno no puede sino preguntarse qué ha pasado con el cuchumbo de millardos que el gobierno ha recibido en los últimos diez años. Está claro que así como los funcionarios piden, deben responder con beneficios palpables para la población.
Los contribuyentes tienen todo el derecho de exigir que su sacrificio tributario se acompañe de un esfuerzo serio en transparencia, en calidad del gasto y mejora sustancial en la gestión pública. El camino fiscal es de dos vías: el dinero se entrega a cambio de servicios, no para que se enriquezcan los poderosos de turno, los políticos con las ONG dedicadas a la construcción o los padrinos de campaña que acaparan los negocios del Estado.
El incremento del presupuesto del Estado no puede servir para engordar las vacas de la corrupción. El Pacto Fiscal deja claro que hay que pagar más, pero al mismo tiempo que el dinero de los impuestos debe invertirse bien y con honestidad.
Suena como una obviedad del tamaño de la catedral, pero por alguna misteriosa razón, no queremos volverla realidad.
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