Estemos o no de acuerdo con la reforma fiscal, hay un hecho palmario: hemos sacrificado las capacidades estratégicas del Estado y es hora de preguntarnos ¿qué tipo de Estado queremos y estamos dispuestos a pagar? Antes de responder, exploremos ¿de dónde viene el Estado que tenemos?
En el período del boom (1950/1980), el sector público fue un mecanismo de ascenso social de clases medias citadinas y del interior. El ingreso al Ejército, al magisterio, ganar una plaza en una institución de gobierno equivalía a estabilidad laboral, lo cual, a la vez, permitía una expectativa familiar previsible: educación, ahorro y movilidad social de la siguiente generación.
Los usuarios de ese sector público aún rescatan la vieja calidad de las escuelas y los hospitales nacionales. Fue así en gran medida porque ese modelo económico requería una burocracia civil relativamente pequeña y centralizada, y una burocracia militar más extendida, educada para administrar el aparato estatal, y eficaz en la contención social. Pero esa centralidad del aparato público fue irrelevante para el resto de la sociedad, sobre todo si eran habitantes de las zonas rurales e indígenas.
Entonces hubo varios intentos de promover una tecnocracia por mérito a fin de instalar unas ciertas capacidades públicas de planificación del desarrollo económico, tecnológico y urbanístico, pero no se afianzaron. En general la burocracia siguió ingresando al servicio público por conexiones políticas y familiares insertándose entre las redes informales tejidas en torno al Estado.
A fines de los ochenta ese perfil institucional se fue modificando. La crítica generalizada por el carácter excluyente (según estrato social, pertenencia étnica y asentamiento geográfico) de los servicios públicos, las frecuentes prácticas corruptas y la baja eficiencia del funcionariado, encontró una potente caja de resonancia –cierta “racionalidad” interpretativa– en las escuelas neoliberales, que iniciaban su reinado en los centros mundiales de poder.
Las instituciones públicas quedaron sitiadas por el bombardeo ideológico –que le hacía sentido al común de la gente– y perdieron el atractivo de los tecnócratas, pues las empresas captaban los cuadros más calificados con una oferta que dejaba fuera de competencia al Estado: buena paga, expectativas de ascenso y prestigio social. Clases medias y grupos intelectuales no empresariales se abonaron a las ONG que experimentaron un primer auge en esos mismos años. (Sigue)
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