Tenía que ser el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando la fuerza bruta se impone sobre el derecho a resistencia de un puñado de trabajadores que tenían 19 meses de esperar que los tribunales de trabajo hicieran justicia y reconocieran, en primer lugar, su derecho a la libre organización sindical, violentado con el despido de la empresa que no salva vidas, sino les condena al desempleo y al hambre.
Las autoridades de trabajo, plegándose a intereses patronales, olvidan porque les conviene que el Código de Trabajo es tutelar de los trabajadores y no de los patronos, y ellos fueron despedidos por intentar ejercer el derecho de organización sindical, pero además haciendo uso del Convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativos al derecho de organización sindical y negociación colectiva y, por supuesto, de la misma Constitución que da a cualquier ciudadano el derecho de resistencia pacífica sin definir el lugar en que se ejerza ese derecho, como ellos lo hicieron en la plaza pública de donde fueron desalojadotes violentamente respondiendo a las órdenes del alcalde Arzú, que hace mucho tiempo venía preocupado por su tacita de plata y que encontró, juntamente con el Ministerio de Gobernación, el momento propicio para ejecutar la acción a todas luces violatoria de derechos y enviaron a la fuerza pública con gases y garrotes para que procediera a destruir las pertenencias de los trabajadores. Todo ello con el visto bueno del Ministro de Trabajo y del señor Presidente que están empleando la violencia antes que la inteligencia.
Fue obvia la participación de agentes de particular, no sólo cerrando vías, sino participando en el desalojo y exigiendo a personas su identificación y hasta dirección particular porque les podía servir para ubicarlos posteriormente. Los miembros de la Asociación Comunicarte y de otras instituciones sufrieron la agresión por estar tomando fotos de los hechos que acontecían. No es la primera vez que se usa la fuerza pública para solventar conflictos económicos sociales, pues los desalojos en el campo han estado a la orden del día y es lamentable que tanto los finqueros como los empresarios, cuenten con el apoyo de la fuerza pública para destruir las organizaciones de los trabajadores e impedir el ejercicio de sus derechos.
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