Reiteradamente he propuesto la necesidad de promulgar una ley de rehabilitación y reinserción social juvenil que brinde a los jóvenes la oportunidad de abandonar la pandilla o la mara. El éxito de esta ley radicará en su temporalidad (9 a 12 meses de vigencia), en la participación de los padres de los jóvenes que se acojan a la misma, el esfuerzo de las instituciones gubernamentales relacionadas y a la colaboración de las iglesias y sector privado. La ley deberá contener una parte punitiva, para aquellos que teniendo la opción de reinsertarse a la legalidad decidan continuar su actividad delictiva.
Lo anterior hace propicio dar a conocer de manera breve y gráfica el estudio Recomendaciones de Política Pública para la Prevención de la Violencia Juvenil, que me hiciera llegar Pedro Cruz, el cual fue realizado por el Comité Técnico de Coalición por una Vida Digna para la Juventud integrado por María del Carmen Aceña (coordinadora), Bismarck Pineda y Jaime Díaz (coordinación técnica y redacción), Virgilio Álvarez y Licerio Camey (Flacso), Sergio Leonardo (Alianza Evangélica), Sigfrido Lee (Cámara de Industria), Hugo Maúl y Belia Meneses (CIEN), Abner Paredes (CALDH), Víctor Gudiel (Fundaju), Harold Sibaja y Enrique Godoy (Desafío Joven, USAID). Comparto los nombres de quienes realizaron esta investigación –todos son guatemaltecos–, porque en nuestro país se desestima a quienes se esfuerzan en presentar propuestas útiles para la prevención del delito –fin primario de cualquier política pública de seguridad en un Estado democrático– factible en tanto se implemente de manera integral, como concluye el estudio.
La propuesta aporta insumos para varios artículos, pero considero de mayor utilidad compartir con los lectores la gráfica que delinea la política pública recomendada en el estudio.
Este espacio es para promover el diálogo, compartir, discutir y argumentar sobre el artículo publicado, únicamente.
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