Para un incauto que escucha la campaña publicitaria del gobierno, la situación parece muy simple: de no aprobarse en el Congreso el paquete fiscal presentado por el Ejecutivo, el financiamiento al Estado prácticamente se derrumba por culpa de los egoístas que no están dispuestos a contribuir con más.
Para un incauto que escucha la campaña publicitaria del gobierno, la situación parece muy simple: de no aprobarse en el Congreso el paquete fiscal presentado por el Ejecutivo, el financiamiento al Estado prácticamente se derrumba por culpa de los egoístas que no están dispuestos a contribuir con más. Quedan sin sustento, sugieren los engañosos anuncios oficiales, numerosos programas de gran importancia e incluso obligaciones del Estado, marcadas con toda claridad por la Constitución. El gobierno procura, en lugar de llamar a una discusión seria y responsable en torno a la necesidad de dotar de más fondos al Estado, azuzar los ánimos de las personas y, sobre todo, darle un toque estrictamente político partidista al tema.
La cuestión fiscal y tributaria en Guatemala va mucho más allá de la simpleza con la administración de Álvaro Colom quiere presentarlo. El gobierno pretende hacer creer a los ciudadanos, por ejemplo que ha sido sólo a partir de su gestión que se ha cumplido con ampliar la cobertura de la educación pública en el país. Eso no es sólo falso, sino mezquino. A lo largo de los últimos 15 años Guatemala ha visto crecer de manera positiva el número de niños que asiste a las escuelas. Este no es un logro del que pueda apropiarse un solo gobierno, antes bien, es un esfuerzo coherente de diferentes administraciones y de una importante comunidad educativa del país. Es un esfuerzo que ha requerido diferentes iniciativas, ensayos y readecuaciones.
Lo cual tampoco debería ser óbice para reconocer que el gobierno actual ha dado un paso importante al prohibir los cobros en las escuelas públicas. Importante porque ha alentado la inscripción de muchos menores cuyos padres no podían costear su registro en la escuela, pero a la vez ha acarreado dificultades para muchos maestros y directores a quienes se prohíbe aceptar la contribución de quienes sí pueden brindarla para mejorar los servicios que se ofrecen. Si el gobierno orientara la discusión del tema de una manera más constructiva, menos engañosa, menos manipuladora, podrían someterse estos temas al debate público. ¿Cuánto más necesitamos contribuir para crear un sistema de educación pública pertinente y apropiado para los niños de Guatemala? ¿Cómo nos garantizan las autoridades que esto va a lograrse con el incremento del pago de impuestos y que no van a derivarse los fondos hacia la corrupción o hacia el aprovechamiento partidista? Estos son temas necesarios de discutir, aunque sirvan menos para manipular a las personas.
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