De “cuando en cuando” en nuestro país se agudiza la conflictividad en el campo, cuya cauda son siempre campesinos asesinados, secuestrados, capturados, vapuleados o heridos de bala, tal el caso esta semana en la finca Bella Flor del Municipio de Panzós en Alta Verapaz, en donde según el relato de la dirigencia del Comité de Unidad Campesina (CUC), campesinos de la zona que hacían presencia en el lugar fueron hostigados por guardias privados al servicio del Ingenio Azucarero Chawil Utz’aj, y quienes luego de indicarles tener órdenes precisas para desalojarlos del lugar, dispararon en contra de los campesinos, causando lesiones a cuatro de ellos. En el área señalada, los campesinos indígenas del lugar vienen denunciando desde hace varios años la concentración de tierra por parte de la industria azucarera y de la palma de aceite.
De nada han servido hasta ahora los reclamos de los campesinos indígenas, exigiendo del Estado, y en particular a los gobiernos de Berger y Colom, poner coto a la situación y actuar en cumplimiento de la Constitución Política de la República y los tratados internacionales, para garantizar su acceso a los recursos productivos y evitar el desordenado e injusto crecimiento del monocultivo, que está ocasionando falta de trabajo, desintegración cultural y falta de alimentos en el área del valle del Polochic. En el caso comentado, la disputa territorial está vinculada a derechos ancestrales de los pobladores del lugar, conculcados en generaciones recientes y “legalizados” en la anomia legal que padece nuestra sociedad. Este tipo de sucesos sin una intervención fuerte y contundente del Estado, continuará presentándose.
La esperanza campesina es poca. Este gobierno ha tenido como política agraria el “no tener política”, lo cual agrava el limbo en el campo, que favorece a los potentados de la tierra, quienes en ausencia y connivencia del Estado, han constituido, guardias privadas para vigilar sus fundos. “Mecanismos de seguridad”, jurídicamente cuestionables, perversos, ajenos al Estado y cuya existencia facilita condiciones para la impunidad y la represión –para estatal– de campesinos indígenas. Es procedente a nuestro juicio que la institución del Procurador de los Derechos Humanos, se pronuncie y actúe jurídicamente contra esta especie de ejércitos feudales. Para el caso, sentar un precedente contra los agresores de los miembros del Comité de Unidad Campesina en Panzós, enjuiciándolos penalmente, es una acción necesaria y legítima.
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