Unode los mayores avances democráticos derivados de los Acuerdos de Paz fue la suscripción del pacto fiscal. Nunca antes en la historia de Guatemala se habían sentado diversos sectores de la ciudadanía para concertar un plan que permitiera financiar las responsabilidades constitucionales que debe cumplir el Estado. Por eso es que, aun con sus limitaciones, el pacto fiscal reflejó un momento de gran madurez democrática en nuestro país.
Alcanzar ese gran logro político no fue sencillo. Se tuvieron que superar muchas desconfianzas construidas a lo largo de una historia de exclusión y autoritarismo. Y se enfrentaron las asimetrías de información y de poder de negociación derivadas de un esquema político histórico en el que lo fiscal se consideró coto privado de unos pocos ciudadanos empresarios autoelegidos para representar los intereses de todas y todos los guatemaltecos. Ese concepto oligárquico del manejo fiscal fue el gran derrotado con el pacto.
De esta manera, los temas vinculados a las finanzas públicas entraron de lleno en la agenda de la democracia y se convirtieron en tema de debate ciudadano amplio. Tener un diálogo incluyente sobre lo fiscal es, sin embargo, un avance democrático parcial. Nos hace falta a veces recordar que también es nuestra responsabilidad ciudadana contribuir al fisco, vigilar que el dinero público se gaste transparentemente, y asegurar que el financiamiento público responda a objetivos estratégicos de desarrollo nacional. Sin esta claridad no podremos enfrentar la actual crisis económica ni podremos superar sus secuelas rápidamente.
Por lo tanto, una década después de su firma, ha llegado el momento de retomar la senda del Pacto Fiscal y colocarlo de nuevo en el centro de un proyecto nacional de desarrollo democrático. Pero en esta nueva etapa, el debate debe tener los tres pilares señalados: asegurar el cumplimiento con las obligaciones tributarias, exigir transparencia en el gasto, y dar un norte estratégico al presupuesto público. Además, en esta ocasión, los actores deben ser tanto los empresarios y movimientos sociales, como sobre todo la clase política.
Sin una convocatoria de este nivel y esta amplitud no se podrá establecer un matrimonio firme entre democracia y fiscalidad. Peor aún, el escenario alternativo es observar cómo cada cuatro años el gobierno de turno coloca parches para tapar los hoyos en un prepuesto público famélico. Y este es sin duda un claro indicador de la Guatemala que queremos dejar en el pasado: la de la eterna injusticia, la ingobernabilidad y la corrupción.
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