Nadie está a salvo

Profunda consternación causó esta semana en la opinión pública el cobarde asesinato de Olga Castellanos Smith de González, oficial mayor de la Corte Suprema de Justicia, a quien asaltantes callejeros dieron muerte a tiros para robarle su automóvil. ¿Es esta la recompensa que actualmente se da en Guatemala a una persona dedicada a servir a la justicia y a la sociedad?

Al finalizar 2009, la falta de seguridad pública sigue siendo el principal problema que afrontan los guatemaltecos, constituyendo además un fenómeno que frena el desarrollo del país, pues desalienta a los inversionistas nacionales y extranjeros.

Todos los sectores sociales son el blanco de la escalada de la delincuencia. No hay día de Dios que no se lamenten asesinatos y asaltos, tanto en esta capital como en el interior del país, en una condenable cadena que parece interminable, a pesar de los anunciados esfuerzos que llevan a cabo las fuerzas de seguridad para combatirla.
Se han recrudecido los ataques contra la vida de los pobladores sin distinción alguna, desde empresarios hasta pilotos de los autobuses del transporte público, resultando inútiles los diferentes planes de prevención delictiva que ensaya la Policía Nacional Civil. Prácticamente, nadie está a salvo de ser víctima de un atentado contra su vida o de un atropello contra su familia o sus bienes.

Hasta la saciedad hemos afirmado que no puede haber paz, ni una convivencia social civilizada, en un país sin seguridad, ni justicia. En Guatemala, durante largos años no ha existido seguridad pública para la población, como lo ordena la Constitución Política de la República, ni castigo para el criminal, como lo señalan las leyes penales. Es vergonzoso que nuestro ineficiente sistema de justicia esté fomentando la situación de impunidad que protege a los delincuentes, muchos de ellos autores de los más reprobables crímenes contra la sociedad guatemalteca. Es deleznable la forma en que los hechos de violencia tienden a generalizarse por toda la geografía patria, haciéndose sentir un vacío de poder en la zona rural como consecuencia del retiro del Ejército de ciertas zonas, en cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Los ilegales linchamientos demuestran la desesperación del pueblo ante el auge de la criminalidad.

La falta de seguridad y justicia que prevalece en Guatemala está hundiendo al país en el caos y la barbarie.

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