Un juzgado ligó a proceso a Otto Say y a su hijo Henry por homicidio, robo en grado de tentativa y conspiración.
El doble homicidio ocurrido el martes en la 15 calle y Avenida Reforma zona 10, donde murieron Víctor Hugo Say y Juan Córdova, supervisor de los vendedores de tarjetas telefónicas, ha dejado una serie de interrogantes que deberá responder el Ministerio Público (MP).
La Fiscalía y el defensor de Say difieren en relación a los detalles del crimen. La primera indica que Otto Say y su hijo Henry, ambos ligados por el juez de turno Jorge Sagastume por los delitos de homicidio, robo en grado de tentativa y conspiración, pertenecían junto a la primera víctima a una banda dedicada a robar, mientras que Francisco García, abogado defensor de ambos, dice que no hay pruebas que demuestren la acusación que se formula en contra de sus clientes.
Fiscales de la agencia 11 de la Sección de Delitos contra la Vida del MP dijeron al juzgador que Víctor Say bajó de un vehículo el día de los hechos con el propósito de robarle a un vendedor de tarjetas de telefonía. Juan Córdova, la otra víctima mortal, al darse cuenta de esto le disparó en la cabeza. Este fue interceptado por los familiares de Say, quienes le quitaron el arma y dispararon por atrás.
La imputación de la Fiscalía se basó en declaraciones testimoniales recabadas en la escena del crimen.
El ente investigador aseguró que Víctor Say, el presunto ladrón que murió en el lugar, llevaba consigo solo Q5 por lo que no es posible que este fuera a comprar una tarjeta de telefonía, tal y como lo argumenta el defensor. Además se indicó que no es usual que una persona se baje de un vehículo a adquirir este producto, pues lo común es que se pague desde el carro.
García no comparte los criterios de la Fiscalía. El abogado cuestiona la teoría. “Cómo es posible que Víctor Say haya bajado a asaltar al vendedor de tarjetas estando desarmado, eso no tiene sentido’’, dijo.
Además mis defendidos ni siquiera huyeron sino que esperaron que llegaran las autoridades”, dijo. Indicó que apelarán la resolución del juzgador pues la misma carece de objetividad, pues a criterio de esa representación es obvio que los sindicados no son delincuentes. “Acreditamos ante el juez la carencia de antecedentes penales de ambos, nunca habían estado presos”, puntualizó.
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