DEOCSA cesó el fluido de energía tras varios meses de impago y una deuda que llega a Q80 millones. Los vecinos hablan de cobros abusivos.
Lascarreteras de acceso a cinco municipios de San Marcos amanecieron ayer bloqueadas. Se trata de las poblaciones de El Rodeo, San Pablo, Malacatán, Catarina Tajumulco y la frontera El Carmen. La empresa Distribuidora Eléctrica de Occidente (Deocsa), decidió cesar el fluido eléctrico después de meses de falta de pago. Esa decisión motivó la protesta de personas inconformes con el servicio de Deocsa y que mantuvieron detenido el tráfico de más de cuatro mil
vehículos, según estimó el Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Luis Velásquez.
El funcionario asegura que hay una deuda de Q80 millones de parte de los consumidores a Deocsa. “Han conectado energía ilegalmente”, coincidieron Velásquez y el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Carlos Colom.
La empresa, que había intentado realizar el cobro por diferentes vías, no ha podido hacer la lectura de contadores ni enviar facturas desde hace meses.
Un contingente de 112 policías de las Fuerzas Especiales y 200 soldados fueron enviados al área para despejar las carreteras y resguardar especialmente la subestación del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que el año pasado fue atacada por los vecinos y los daños sumaron casi Q400 mil.
Las protestas originaron una reunión de emergencia ayer por la mañana en la que participaron la Fiscalía General y los ministros de Energía y Minas, Defensa, Gobernación, la Comisión Nacional de Energía, el INDE y Unión Fenosa, después de la cual se sumaron 20 órdenes de captura más a las 214 ya existentes.
Velásquez identificó a los agitadores como parte de un ramal del Frente Nacional de Lucha (FNL).
Después de mediodía el alcalde de Malacatán aseguraba en la radio que se había llegado a un acuerdo con los representantes de Deocsa de restablecer la energía a cambio de despejar las carreteras.
San Pablo es un municipio dividido. Un 40 por ciento de la población se niega a pagar su factura eléctrica.
“El problema es que hubo cobros muy elevados. Cuando nosotros entramos en 2008, la tasa municipal estaba entre Q26 y Q27 por casa. Pero luego le subieron Q3 sin avisarnos. En la factura dice ‘tasa municipal’ cuando no recibimos un centavo de esa plata”, afirma el alcalde, Rolando Barrios.
Pero aunque se solidariza con las 35 aldeas que consideran alta la tarifa que se les cobra, no está de acuerdo con su decisión de suspender los pagos y afirma que integrantes del Frente en Defensa de los Recursos Naturales (Frena) está alebrestando a la población y creando una situación de ingobernabilidad.
César de León, un líder comunitario del municipio de San Rafael Pie de la Cuesta que ha instado a sus vecinos a no pagar, justifica estas acciones afirmando que “llora sangre el hecho de que haya gente que tiene dos focos y paga Q90 al mes”.
Aquellos que han seguido pagando afirman que han sido objeto de intimidaciones por parte de los integrantes de Frena, agrupación que forma parte del Frente Nacional de Lucha.
“Como no nos quisimos acoplar a la gente de Frena, nos quitaron los cables de la luz”, indica Victoriano Reyes, vecino del caserío 15 de Enero, en Malacatán, quien agrega que el meollo del problema es que muchas personas se atrasaron con sus pagos y ahora arrastran deudas de hasta Q8 mil.
Pero De León niega que el Frena haya coaccionado a nadie: “Unas 80 personas desconectaron su contador, pero a nadie se le ha obligado a unirse a la resistencia. Quien tiene para pagar que pague”.
En el municipio de Nuevo Progreso, el tema de las tarifas ha dividido tanto a los pobladores que algunos afirman que el párroco Geldy Barrios se niega a bautizar a los niños cuyos padres estén pagando la luz, alegato que él refuta.
Según Héctor Salvatierra, vocero de Unión Fenosa, el Frena “no es un movimiento genuino” y ha manipulado a la población “con fines políticos”.
Desde hace cinco años los municipios de San Pedro y San Marcos cuentan con su propia empresa eléctrica, un modelo que los vecinos que se niegan a pagar desearían replicar.
Pero Rolando Barrios explica que esto supone una inversión millonaria que estos municipios difícilmente pueden permitirse.
Carlos Colom, presidente de la CNEE, agrega que cambiar de distribuidor no reduce las tarifas: “El costo no depende de que el distribuidor sea el INDE, Deocsa o una empresa municipal porque la empresa sólo puede cobrar la tarifa autorizada. El ajuste se da por los precios del petróleo y la CNEE lo tiene que autorizar cada tres meses”.
Además, explica Colom, muchas de las 17 empresas eléctricas municipales que existen en el país no cumplen con el reglamento de la CNEE y han contraído cuantiosas deudas con el INDE.
En cuanto a la tasa municipal, Colom afirma que esta es fijada por el concejo municipal y que es imposible que Deocsa la haya aumentado sin la anuencia del mismo.
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