El fallo fue emitido el 24 de noviembre y publicado ayer en el sitio del organismo internacional. El Estado debe pagar US$3 millones por daños.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Guatemala por la masacre perpetrada el 5 de diciembre de 1982 en la aldea Las Dos Erres, Petén. En esa oportunidad elementos del Ejército asesinaron a 251 personas. Aunque el fallo se emitió el 24 de noviembre del año en curso, fue hasta ayer cuando la resolución se hizo pública en el sitio oficial del organismo internacional.
“La investigación de los hechos no ha sido asumida como un deber propio del Estado y esta no ha estado dirigida eficazmente a la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y eventual sanción de todos los responsables”, dice la sentencia. “Tampoco ha estado encaminada hacia la identificación y entrega de los restos de las personas que murieron en la masacre”, añade.
Los jueces de la CIDH estimaron que Guatemala no efectuó las acciones necesarias para ejecutar las órdenes de captura vigentes, ni colaboró con los tribunales para esclarecer los hechos. “Dada la magnitud de la masacre, así como el contexto generalizado de violencia ejercida por el Estado, resulta evidente que este debe investigar seriamente a todos los presuntos responsables, incluyendo la participación intelectual de altos oficiales y funcionarios estatales, así como la ubicación e identidad de las personas fallecidas”, dice el fallo.
El ente internacional fijó como reparación un total cercano a los US$3.2 millones por daños, así como el pago de costas y gastos procesales, monto que el Estado deberá pagar en el plazo de un año.
Representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), por medio de un comunicado instaron al Estado de Guatemala a honrar sus compromisos internacionales y le den cumplimiento a esta sentencia.
Consultado Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos (PDH), dijo que comparte los criterios de la CIDH: “Se debe hacer justicia a las víctimas, ya han transcurrido 28 años, es obvio el incumplimiento del Estado tanto en atender la demanda de justicia como en realizar las reparaciones acordadas”, puntualizó. Las sentencias dictadas por ese órgano internacional son inapelables.
En marzo de 2000, en un hecho inédito en crímenes de guerra, dos integrantes de la patrulla que ejecutó la masacre narraron ante un juez la operación. En ese entonces un juez de Poptún, Petén, emitió 17 órdenes de captura contra los integrantes de dicho escuadrón militar. Nunca fueron capturados.
Con información de AP
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