Edelberto Torres-Rivas
Parece una exageración propia de esa izquierda ecológica que a falta de reivindicaciones clasistas han encontrado en la defensa del medio ambiente una oportunidad para gritar. Pero en este caso no lo es: para obtener una onza de oro, cantidad necesaria para producir un decoroso anillo de matrimonio, se necesita extraer más de 250 toneladas de piedra y rocas, en las condiciones de Guatemala –y en general, en los países tropicales que tienen mucha lluvia y terrenos volcánicos–. El costo humano de la obsesión por una joya de oro, en esta vanidad ricos y pobres no se diferencian, es demasiado alto para ignorar lo que este ansiado metal significa como destrucción del medio natural y como amenaza a la sobrevivencia humana.
Se sabe que en la historia de la humanidad se han extraído a la fecha algo mas de 160 mil toneladas de oro, lo que equivale al espacio de ¡2 piscinas olímpicas! Mucho o poco, el oro tiene una utilidad simbólica y al mismo tiempo, extraordinariamente práctica. Se usa en joyería, para dar estatus social a los que creen que así se obtiene; también en odontología, para aquellos a quien la burla popular llama los “boca rica” porque tienen dientes de oro; pero sirve también en electrónica y sobre todo como equivalente monetario, como fondo de inversión, que en la forma de lingotes se ocultan en los subterráneos de los bancos centrales. El oro es el respaldo a la moneda que por sí misma no vale nada sino por una referencia que es algo más que simbólica, que da confianza a las más altas transacciones financieras, función que se encuentra en pleno crecimiento en la actual crisis.
El precio de la onza de oro fluctúa en el mercado internacional, pero con una tendencia al alza, imparable. Hoy día vale casi US$2 mil, debido a diversas causas y donde aparecen en primer lugar los millonarios, en crisis, o los inversionistas, desconfiados, que se respaldan con el oro. También por la demanda de India que es el mayor productor mundial de joyas y ahora China, que se ha colocado en segundo lugar.
La mitad del oro ha sido obtenido en los últimos 50 años y es un recurso no renovable. Los depósitos más ricos se han agotado y cada vez es más difícil encontrar nuevas vetas. Lo que falta encontrar, aseguran los expertos, está oculto en pequeñas zonas aisladas y frágiles que los inversionistas buscan con desesperación. Ahí apareció Guatemala, país que invita a la destrucción por la falta de normas regulatorias y un Estado que respete a la nación. Hubo enormes minas a cielo abierto o subterráneas en sitios aislados de la población, con climas secos y desérticos y por ello, donde la riqueza ambiental es menor y los daños causados por la extracción, manejables. Ahora por lo general aparece en zonas que tienen suelos con rocas volcánicas, clima tropical, húmedo, tierra fértil y una gran biodiversidad. Las exuberantes montañas de un país como Guatemala contienen una invalorable riqueza natural. El problema reside en que la minería de oro utiliza sustancias químicas que causan destrozos ambientales irreparables. Destruyen el ambiente donde viven campesinos pobres.
Este es el nudo problemático, pues la minería en general ciertamente trae progreso, utiliza tecnología avanzada, da empleo, puede dar un bienestar pasajero. Los que saben de esto aseguran que los daños ambientales son muchos y eternos por muy buena voluntad que las empresas ‘¡siempre extranjeras!’ apliquen para disminuir sus efectos. Y peor aún cuando la legislación es insuficiente, el Estado débil, el Gobierno servil. El de Berger acordó regalías, que es como una burla al sentido común.
Todo esto plantea el tema de la democracia y el desarrollo, como el título del artículo lo anuncia. Las poblaciones locales tienen derecho a protestar en defensa de su hábitat cuando aparece alguna iniciativa de cambio; pero puede ser que por razones diversas pero atendibles, el cambio sea necesario, por ejemplo la construcción de una hidroeléctrica, una fábrica de cemento, la introducción de nuevos cultivos, etcétera. Los ciudadanos tienen derecho a organizarse y protestar, pero también la obligación de informarse y pensar en el país. La defensa del pasado puede ser la defensa del atraso; los prejuicios van contra la modernidad. Hay que saber distinguir bien, de forma políticamente responsable y socialmente atendible. ¿Qué significa esto? Que no siempre el pueblo tiene la razón y que se puede equivocar. Con la explotación de cierta minería, como la del oro, hay que estar en contra porque se está defendiendo al país; frente a otras propuestas de cambio y de modernización hay que estar a favor, a contrapelo de ecologistas extremos, ambientólogos de oficio, tradicionalistas que utilizan la democracia para defender el atraso.
Datos obtenidos del número de diciembre del National Geographic.
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