El programa que dirige Sandra de Colom tiene recursos asignados al 16 de diciembre por Q851.4 millones. Las transferencias fueron autorizadas por acuerdo ministerial con fecha 20 de noviembre
Los cierres de año son aprovechados por los gobiernos de turno para hacer modificaciones de último minuto al presupuesto general de ingresos. Para muestra un botón: el Ministerio de Finanzas a través del acuerdo ministerial número 390-2009 autorizó el traslado de Q98 millones al fondo social Mi Familia Progresa (Mifapro) que dirige Sandra Torres de Colom.
Los recursos fueron trasladados del Ministerio de Educación el pasado 20 de noviembre, fecha en que también fue aprobado por el Banco Mundial un préstamo de Q950 millones (US$114.5 millones), para el mismo programa, que servirá en parte para financiar al Fondo Nacional de Solidaridad.
En total, 9 modificaciones presupuestarias ha utilizado el Gobierno para financiar el programa estrella de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que suman un total de Q851.4 millones vigentes para el programa.
La búsqueda de un presupuesto sin candados fue una de las principales metas de la bancada del partido oficial. Eso permite que los recursos sean trasladados sin mayores problemas adonde el Gobierno crea conveniente. De hecho, en el proyecto de presupuesto para el presente año, el programa Mifapro aparece únicamente con Q247 millones, el resto se debe en forma total a las transferencias de por lo menos 6 dependencias del Estado, aunque de forma visible, de los ministerios de Educación y Gobernación.
A esto hay que sumar la advertencia que hizo el propio presidente, Álvaro Colom, cuando mencionó que los recursos del Estado que no se utilicen en el presente ejercicio fiscal, pasarán al presupuesto de los programas de Cohesión Social. Según perspectivas del Ministerio de Finanzas Públicas, Q3 millardos quedarán como saldo.
Mientras la intención del Gobierno es fortalecer los programas que dirige Sandra de Colom, las transferencias presupuestarias han perjudicado visiblemente a los ministerios de Gobernación, Educación y Agricultura.
Según informes elaborados por el Partido Patriota (PP), un total de Q3 mil 540.5 millones ha sido transferido por el Gobierno para mantener el programa a flote. Gobernación ha entregado un total de Q652 millones en 2 años, mientras que el Ministerio de Educación ha sacrificado Q330.4 millones de su presupuesto. El contraste con las deficiencias en seguridad y educación es evidente, señalan los parlamentarios.
En los informes elaborados por los partidos de oposición existen evidencias sobre la debilidad en materia de recursos en la Policía Nacional Civil (PNC).
La PNC es la entidad más afectada con una reducción de Q424.9 millones. A esta reducción se agregan 3 muy importantes: a la Dirección General de Migración se le redujeron Q89.1 millones, a Servicios de Inteligencia Q29.9 millones y al Sistema Penitenciario Q17.2 millones.
Salvador Gándara cuando ocupó el puesto de ministro de Gobernación fue el responsable, según Encuentro por Guatemala y el Partido Patriota, de los mayores traslados de recursos. Además, el ahora alcalde de Villa Nueva es recordado por trasladar Q275 millones al Consejo de Cohesión Social (CCS) al indicar que la cartera “no los necesitaba”.
Se solicitó al vocero del programa de Cohesión Social, Édgar Rosales, la información sobre el uso de los recursos y la fuente de financiamiento. Se entabló comunicación por teléfono y correo electrónico. Sin embargo la solicitud no fue atendida.
Varios son los señalamientos que el programa del CCS, Mifapro, tiene en su contra, el más reciente es la difícil fiscalización sobre los montos utilizados debido a que los activos monetarios del mismo se alimentan de las transferencias millonarias provenientes de los ministerios, además, la falta de institucionalidad del CCS.
El pasado 7 de diciembre, la congresista Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), hizo públicos varios datos de Mifapro, entre ellos se encuentra que es el programa con mayores asignaciones monetarias con un total de Q6.39 millones de los cuales se han ejecutado Q3.77 millones, es decir, un 59.8 por ciento.
En marzo de este año, el PP citó al entonces titular de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y coordinador del CCS, Salvador Gándara, para que rindiera cuentas sobre el gasto de Q25 millones en la elaboración del censo de las familias que serían beneficiadas con el programa en 40 municipios.
En esa ocasión, Gándara declaró que los censos ya estaban levantados y que de los Q91 millones asignados de la cartera de Gobernación para Mifapro, Q39 millones se han utilizado para las transferencias condicionadas y Q5 millones más en funcionamiento. Pero al cubrir 85 municipios este año, esperan llegar a Q131 millones.
Ese día el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó los avances en el censo y los diputados del PP constataron que el mismo sólo se estaba llevando a cabo en 5 municipios.
Otro de los señalamientos contra el CCS es la contratación de personal para puestos directivos o de mando bajo en renglón 029, el PP también cuestionó estas contrataciones durante 2009.
Este espacio es para promover el diálogo, compartir, discutir y argumentar sobre el artículo publicado, únicamente.
Se prohíben mensajes que contengan:
Nos reservamos el derecho de editar o eliminar cualquier mensaje que no cumpla con las condiciones anteriores. Y de ser necesario bloquear a usuarios.
Al participar, acepta las reglas y el aviso legal.
19 comentarios: