Estamos a un paso de entrar a un nuevo año y dejar atrás el fatídico 2009, pero entraremos a 2010 con la muerte a cuestas, no sólo por las balas que surcan el aire, sino por el hambre que mata niños inocentes, por los rezagos en salud, en educación, en vivienda, en atención directa al agro guatemalteco y que requiere para hacerle frente, cambios estructurales profundos para los cuales sigue existiendo una oposición cavernícola y un gobierno que quiere quedar bien con Dios y con el diablo y así difícilmente se puede avanzar en un desarrollo sostenible del país.
El 2010 es un año convulsivo, pues la tendencia a la concentración de la riqueza no para, se incrementa, como se incrementa la injusticia social. Lo mismo sucede con la violencia ya normal que generan las diversas expresiones del crimen organizado y la que genera el Estado con la criminalización de los conflictos sociales, y ello seguirá provocando reacciones de quienes salen afectados, pues las tomas de tierra son consecuencia de la tenencia de la tierra en pocas manos, y de la expulsión de campesinos de tierras que hoy son utilizadas para sembrar productos de exportación más rentables. Frente a ello no se vislumbra decisión, ni se ven en el horizonte proyectos y estrategias realistas, ni capacidad para hacerle frente a los males que aquejan al país y combatir las causas que generan la delincuencia y los conflictos sociales. La sociedad no debe seguir aceptando ni la justicia por mano propia, ni la represión en vez de la prevención y la solución pacífica de los conflictos.
Indudablemente que sacar del atolladero al país no requiere sólo de la voluntad y decisión de quienes gobiernan, sino del esfuerzo de los tres poderes del Estado y de la sociedad en general, pues los diputados al Congreso no pueden seguir regateando y negociando, según sus intereses, leyes importantes para el avance del país, ni los magistrados seguir poniendo oídos sordos al clamor de la población por la aplicación de la justicia pronta y cumplida, y a la depuración de las instituciones que conforman el sistema de justicia. El poder económico sabe perfectamente lo que debe y puede aportar para contribuir al desarrollo. No necesitan sacrificar su riqueza, sino reinvertir en el país para aumentar sus ganancias y generar empleo y, por supuesto, dejar de amenazar con golpes si se aumentan los impuestos. Legalmente el Gobierno puede y debe retomar lo sustantivo de los Acuerdos de Paz y hacerlos realidad. Por lo menos eso esperaríamos para 2010
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