Durante el año hubo graves insinuaciones y actitudes en el sentido de reprimir a la prensa en el país.
Durante el año hubo graves insinuaciones y actitudes en el sentido de reprimir a la prensa en el país. Se acusó a la prensa independiente de desestabilizadora y constantemente los heraldos de la censura demandaron que se silencie a los medios de comunicación, para que no trasladen a la población la información sobre el acontecer nacional y se obstaculice o haga nugatorio el libre juego de opiniones.
En el Congreso se discute un proyecto de ley destinado a castigar con prisión la publicación de señalamientos y ofensas contra funcionarios y empleados públicos, lo que equivale a resucitar el delito de desacato que fue abolido por la Corte de Constitucionalidad, mediante una célebre sentencia que resolvió una impugnación presentada por el Presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, a mediados de 2005.
Lo anterior a pesar de que la Constitución dispone que no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan críticas, denuncias o imputaciones contra funcionarios y empleados públicos, por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.
En el Congreso se discute otro proyecto de ley que pretende criminalizar las encuestas electorales que se publican en los medios de comunicación, es decir castigar con la pena de cárcel a quienes elaboren y publiquen encuestas electorales antes y durante el proceso electoral. Esto a pesar de que la Constitución establece que, en materia de libertad de expresión de ideas, solamente pueden deducirse responsabilidades penales y civiles por faltas de respeto a la vida privada o a la moral.
También se presentó el proyecto de la ley de protección de datos personales, para reglamentar en exceso el manejo de datos personales, con la intención de complicar la debida observancia y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde enero, la que es considerada como una conquista de la libertad en el país. Esta ley no fue una graciosa concesión de los políticos para la población, sino que fue consecuencia de la presión que ejerció la prensa independiente y la sociedad civil a raíz del escándalo provocado por la pérdida de los Q82 millones en el Congreso. Fue una conquista y no una concesión.
Algunos políticos se manifiestan en contra de la libertad de expresión de ideas en Guatemala, así como a favor del control, de la censura y de la criminalización del libre ejercicio de dicha libertad. Esta intolerancia ha venido en aumento al extremo que se anticipan represiones y agresiones contra los comunicadores y periodistas para el año que comenzará hoy a medianoche. Tenebrosos vientos del Sur soplan con mayor fuerza cada día.
Sin duda, entonces, los intolerantes echarán mano del “te callas o te callo” en toda la línea y no habrá más opción que defenderse y denunciarlo a los cuatro vientos.
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