Ya desde la propia ley, así nos la vieron: El uno por ciento del oro como “suculenta regalía! Cien millones de dólares para la compañía, y uno para nosotros. Mil millones para ella y diez para nosotros…
Sin embargo, hay que reconocer que eso sí, al final de la concesión, habríamos de heredar ¡Lo heredaremos! Tierra arrasada y paisaje desolado.
Que el oro haya valido US$300 la onza y que hoy valga cuatro veces más –al día de hoy, US$1200– no tiene la más mínima importancia, como tampoco la tiene la exorbitante ganancia que semejante incremento produce para la compañía, sin otro mérito que lo que acontece en el mercado.
¿Y nosotros? Pues, como los chinos, “milando…” Sin lugar a dudas que nos vieron –y nos siguen viendo– la cara de pendejos.
Si se van a llevar el oro –recurso no renovable–. ¿Acaso podremos sembrar cual semillitas –pepitas y lingotes– para que se multipliquen y crezcan sin fin? Si el caso es que después van a dejarnos un desierto, agredida y expoliada nuestra tierra, ¿No creen que, al menos, deberíamos ganar lo que debemos?
¿Acaso un mita, mita, al menos, en el alza del precio?
Si la compañía se encontrase en ley –por muy pendejos que hubiésemos sido– nada se podría hacer, a estas alturas. Tendríamos que aguantarnos sin remedio pero, afortunadamente ¿por qué no decirlo o, mejor dicho, reiterarlo, sin tapujos –la compañía no lo está–: se hizo de la concesión con un pecado original que le resulta insalvable, el atropello de la ley.
En efecto, antes de que la concesión pudiera darse era necesario que se celebrase una consulta, jamás realizada y, en consecuencia, en faltándole semejante requisito, no existe, de conformidad con la ley, concesión alguna.
¿Se quiere la concesión, con la ley en la mano? Pues a hacer la consulta. Es más que probable, sin embargo ¡claro está! que los pueblos indígenas, si la aceptan, sugieran beneficios distintos de los que están establecidos, garantías de preservación y de recuperación, en su caso, del ambiente, así como participación de las ganancias como socios –a la par– y no como simples expoliados… En fin, una vez hecha la consulta, oídos los pueblos indígenas, podrá darse una concesión que, hasta hoy, resulta inexistente.
Me anticipo a la crítica de todos aquellos que hayan sucumbido ante los 30 denarios de todos los tiempos: ninguna inseguridad jurídica podría haber en mi propuesta puesto que nadie podría pretender protección jurídica alguna para aquellas situaciones que se alcanzan, con el atropello de las leyes.
¡Arranquemos bien el año! ¡Entrémosle a la protección de lo nuestro, sin tapujos!
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