El 27 de este mes, Porfirio Lobo tomará posesión del cargo de Presidente de Honduras, en sustitución del gobernante provisional, Roberto Micheletti, designado por el Congreso para que se desempeñara...
El27 de este mes, Porfirio Lobo tomará posesión del cargo de Presidente de Honduras, en sustitución del gobernante provisional, Roberto Micheletti, designado por el Congreso para que se desempeñara durante el resto del período presidencial de Manuel Zelaya, después de que este fuera defenestrado y expulsado del territorio hondureño.
Lobo resultó electo Presidente en las elecciones celebradas el 29 de noviembre del año pasado, las cuales fueron cuestionadas principalmente por la Organización de Estados Americanos (OEA) y por la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en una reciente intervención, afirmó que su gobierno apoya a Zelaya y no reconoce las elecciones hondureñas, en virtud de que “el golpe contra Honduras fue un golpe contra la Alianza Bolivariana”, lo que confirma los temores de que la estrategia reeleccionista de Zelaya respondía a una estrategia superior de la Alba.
Sin duda, Zelaya fue el causante de la crisis política hondureña, ya que no acató las resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo Electoral y por los tribunales de justicia, en el sentido de que no podía llevar a cabo una consulta popular con el propósito de que en las elecciones del 29 de noviembre de 2009 se incluyera una cuarta urna a través de la cual la población se pronunciara sobre la convocatoria a una asamblea constituyente que reformara la Constitución, específicamente en lo que se refiere a la prohibición de la reelección presidencial.
En virtud de que la legislación hondureña no contempla el derecho de antejuicio, cuando un funcionario incurre en un delito, lo procedente es su encausamiento penal directo, lo que conlleva la automática remoción del cargo. Esto fue lo que ocurrió con Zelaya en junio del año pasado. Lo condenable fue su expulsión del territorio hondureño. La OEA no quiso reparar en el proceso legal y se limitó a condenar el “golpe de Estado” y a exigir la restitución de Zelaya. ¡Vaya sobresimplificación!
Zelaya, mediante el acuerdo Tegucigalpa-San José, sometió su restitución a la decisión del Congreso, el cual, en una sesión sostenida el pasado 2 de diciembre, votó en contra de la misma. Esta decisión junto al resultado electoral ponen fin a la crisis política hondureña y debiera dar por terminada la veda internacional en contra de Honduras.
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