Matar, nuestra solución favorita que no ha resuelto nunca nada. Y que nadie intenta impedir.
Juan Luis Font
En muchos sitios este sería un dato escalofriante, pero en Guatemala es apenas una arista más de la historia. Para asesinar a Rodrigo Rosenberg, como para asesinar a decenas de cientos de personas, se recurrió a una banda de sicarios. Existen razones para creer que el jefe de seguridad de la empresa farmacéutica de familiares del abogado fue quien contactó a los matones para terminar con la vida de un presunto extorsionista. Y estos, tan frescos como el que realiza el trabajo más simple (arreglar el desperfecto de un carro, levantar una cosecha) cobraron Q50 mil por asesinar a alguien, sin reparar demasiado en quién fuera la víctima. Los honorarios de los sicarios habrían sido pagados por los condueños de la empresa, de ahí la sospecha que pesa en su contra.
Y si el muerto hubiera sido un desconocido, a lo mejor un presunto extorsionador o un ejecutivo de la industria del secuestro, con que sólo hubiera sido uno de esos odiosos pandilleros con el cuerpo tatuado, pues aquí nadie habría dicho mayor cosa. ¿Acaso no es ese el método que por años hemos privilegiado? ¿Acaso no lo ha utilizado el propio Estado, particularmente las dos últimas administraciones de la derecha empresarial?
¿Acaso no sabemos todos que durante el gobierno de Óscar Berger se llevó adelante una campaña de limpieza social, se constituyó de nuevo escuadrones de la muerte y se ejecutó, incluso en prisión, a incómodos delincuentes? Y esa campaña que costó más de 3 mil muertes no solucionó nada. Eso es lo de menos.
Por cierto, la CICIG de todo esto apenas ha dicho palabra. Se le va a terminar su segundo período, sin atreverse a señalar que la constitución de cuerpos clandestinos y grupos paralelos en buena medida está apañada y financiada por la clase dominante. Y que en Guatemala la aplicación de pena por transgredir las normas de convivencia no es un monopolio en manos del Estado, sino se comparte con miles de bandas de sicarios, sobre todo porque las propias autoridades se inhiben de reclamar ese privilegio para el ente que representa a toda la sociedad. Y prefieren compartirlo, por ejemplo, con quienes financian sus campañas electorales. Y el propio gobierno de Álvaro Colom no ha movido un dedo para cambiar el rumbo.
La incordia de esta sociedad, que admite la muerte por encargo como una práctica quirúrgica quizá penosa pero considerada indispensable –y luego que me hablen a mí del rechazo al aborto–, es que en esta ocasión el muerto fue demasiado prominente. ¿Qué molesto, verdad? Ahora es necesario rendir cuentas sobre los métodos y las causas.
Para matar a Rosenberg, se eligió a una banda notable. En ella se contaban integrantes de la Policía Nacional Civil que, en sus horas libres o en sus horas de servicio, se dedicaban ya sea a custodiar la carga de narcotraficantes o a tumbarles la droga, a colaborar en el robo de furgones, a secuestrar a alguien, o a asesinar por encargo a quien se les encomendara.
Que las instituciones públicas apenas inspiran alguna confianza, ni duda cabe. Que la víctima de un secuestro, que el sujeto de una extorsión, difícilmente puede acudir a las autoridades sin correr el riesgo de caer luego en sus garras, todo eso es cierto. Que un delincuente capturado sale pronto y con sed de venganza de la cárcel, también lo es. Y el Estado no defiende a sus ciudadanos en riesgo. Pero la receta de matar por encargo a quien delinque, tampoco ha disminuido los problemas. Nuestro único camino seguro, como el que han recorrido todas las sociedades que encuentran alguna paz, es construir instituciones fiables.
Recuerde: dos años después de llegar al poder, el actual gobierno no ha sido capaz de realizar pruebas mínimas (como pasar el polígrafo) a los integrantes de la PNC. ¿Acaso no son cómplices de esta falla del Estado los funcionarios indolentes?
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