El abuso de niños por parte de figuras de autoridad, sean estos pastores evangélicos, maestros, médicos, niñeras y niñeros, o sacerdotes católicos, siempre ha estado latente y se presenta en cualquier cultura y cualquier sociedad. La Iglesia católica no tiene el monopolio de este delito.
Y es cierto también que ha existido una preocupación por codificarlo y penalizarlo dentro de las ordenanzas católicas. El documento Crimen Sollicitationis, mencionado por algunos lectores, data de 1962 y habla de la necesidad de que los confesores instruyan a los fieles que hablan de abusos de homosexualidad, zoofilia y pedofilia que lo denuncien a la sede local de la Congregación de la Fe. Más adelante este documento –que justifica también la necesidad de mantener los procesos en secreto– fue modificado por la epístola De Delictis Gravioribus y otras ordenanzas más. Los documentos eclesiásticos que consulté en la página del Vaticano hablan de procesos internos y de penas como expulsión de su ministerio, pero no discuten en ningún momento la obligación de denunciar a los curas pedófilos ante la justicia penal seglar.
En la medida en el que el Boston Globe documentaba en 2002 caso tras caso de abusos de sacerdotes en contra de niños y adolescentes, fue cediendo también el temor a denunciar y a reclamar justicia, por parte de los afectados. Si no hubiera sido por la acción de los medios informativos estadounidenses, menos sujetos a las presiones religiosas que tienen los periódicos y noticieros de otras latitudes, la jerarquía vaticana no habría implantado sanciones más duras contra los sacerdotes pederastas, como las que existen ahora.
Dejemos tranquilo a Marcial Maciel, quien ya no hará daño en este mundo, y vayamos a otro caso modélico, el del cardenal Bernard Francis Law, ex arzobispo de Boston. Está ampliamente documentado el papel jugado por Law en encubrir y proteger a los sacerdotes pedófilos de su diócesis. A pesar de ello, Wojtyla, luego de que a Law no le quedó otra que renunciar y salir corriendo de Boston, lo acogió dentro del Vaticano, en donde le nombró arcipreste de la basílica Santa María la Mayor, cargo en el que Ratzinger lo confirmó. Al estar dentro de los confines del Estado Vaticano, es improbable que prospere acción alguna para enjuiciarlo por su actuación como alcahuete de curas pedófilos. Otro dato para su análisis: el ex arzobispo de Boston fue quien presidió una de las dos misas realizadas durante el funeral de Wojtyla. Y por supuesto, no tuvo traba alguna para participar en el cónclave que eligió a Ratzinger.
Una cosa más y ya dejo el tema. En el clímax del escándalo, en 2002, la Conferencia Episcopal estadounidense discutía posibilidades de castigos drásticos contra los sacerdotes, mientras el Vaticano pedía demorar los procesos y mantenerlos en secreto, con el argumento de que de esa manera se protegía la identidad de los afectados.
Ahí tienen ustedes hechos verificables. Y ahora les doy mi opinión: dado que la canonización es un proceso con miras político-estratégicas para el Vaticano (vean ustedes el caso de Juan Diego y la celeridad con que elevaron a Escribá de Balaguer), pues es muy probable que estas fallas sean consideradas irrelevantes en la carrera por hacer de Wojtyla un santo.
Palabras al viento: perdió el decoro el estratega. Me provoca lipiria.
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