La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió fijar al ministro de Educación, Bienvenido Argueta, un plazo de tres días para que entregue a la Contraloría General de Cuentas (CGC)...
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió fijar al ministro de Educación, Bienvenido Argueta, un plazo de tres días para que entregue a la Contraloría General de Cuentas (CGC) la información detallada del programa Mi Familia Progresa (Mifapro), específicamente la lista de beneficiarios, con nombres, direcciones y números de cédula para fines de fiscalización.
La CSJ dictó esta resolución en virtud de que el ministro Argueta no ha cumplido con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC), en el sentido de que entregue a la CGC las listas con números de cédula de todos los beneficiarios de Mifapro, bajo el argumento de que dicha información es confidencial, extremo que también sostiene la Comisión Interinstitucional de Cohesión Social, que dirige la esposa del Presidente, Sandra Torres de Colom.
Como se recordará, la CGC recurrió de amparo ante la CSJ en contra del Ministro de Educación, en virtud de que este no proporcionó la información de Mifarpro que le fuera requerida por la CGC, en ejercicio de su función fiscalizadora. La CC, en segunda instancia, resolvió que dicho ministro debía entregar a la CGC la información relacionada. Sin embargo, el Ministro de Educación se resistió a acatar la resolución de la CC, por lo que la CGC, en ejecución de la respectiva sentencia de amparo, solicitó que se fijara plazo al indicado ministro para que cumpliera con lo ordenado por la CC.
Sin embargo, ha trascendido que no existe voluntad política de entregar la información de Mifapro y que, para evitar entregarla, algunos beneficiarios de dicho programa accionarán judicialmente pidiendo que se prohíba al Ministro de Educación la entrega de la información relacionada a la CGC, esgrimiendo el argumento de que fue proporcionada por dichos beneficiarios bajo garantía de confidencia, en abierto desacato a lo ordenado por la CC.
Sin duda, preocupa esta resistencia a cumplir resoluciones judiciales firmes por parte del Gobierno, porque no sólo evidencia un claro desprecio por el Estado de derecho, sino que también da a entender que al gobernante de turno le tiene sin cuidado que al Ministro de Educación se le impute la comisión de los delitos de desobediencia y de incumplimiento de deberes.
Ojalá que la CC y la CSJ hagan valer sus decisiones, bajo el principio de que nadie es superior a la ley, porque si así no lo hicieren se sentará un nefasto precedente que podría repetirse una y otra vez, en detrimento de la institucionalidad democrática.
Este espacio es para promover el diálogo, compartir, discutir y argumentar sobre el artículo publicado, únicamente.
Se prohíben mensajes que contengan:
Nos reservamos el derecho de editar o eliminar cualquier mensaje que no cumpla con las condiciones anteriores. Y de ser necesario bloquear a usuarios.
Al participar, acepta las reglas y el aviso legal.
5 comentarios: