La próxima semana se decidirá la cobertura de Q2.5 millones de un seguro médico y más de medio millón de quetzales de seguro de vida para cada legislador.
El Congreso tiene pendiente la aprobación a una reforma de salud. La próxima semana, la Junta Directiva podría adjudicar el seguro médico y de vida para 158 diputados a la empresa Seguros Universales, S.A., por Q5 millones 799 mil. La edad límite se extendió hasta los 86 años. La cobertura será de Q2 millones 500 mil en gastos médicos y Q550 mil de un seguro de vida, que incluye servicios dentales y por maternidad para cada diputado.
¿Es legítimo que el Estado erogue esa cantidad? ¿Cuánto podría hacerse con ese dinero en salud? ¿Supone una admisión del Congreso que el Seguro Social colapsó? ¿Debieran cotizar los diputados al IGSS o invertir en su propio seguro privado?
Los expertos consultados son: Verónica Spross del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Myrna Montenegro de la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas (AGMM), Manuel Pérez encargado del área de prematuros del Hospital Roosevelt y Jonathan Mencos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Ayer la Corte Suprema de Justicia (CSJ) siguió el ejemplo con un sondeo para implementar un seguro privado.
¿Es legítimo que el Estado erogue esa cantidad?
V.S. El Estado no lo debe erogar.
M.M. En tiempos de austeridad debieran buscarse otras opciones.
M.P. No. El Presidente dice que no tiene para sostener maestros, médicos y hospitales.
J.M. Pone en evidencia la falta de coherencia entre la función de dicho organismo, de legislar para construir bienes públicos necesarios para un estado equitativo, como un sistema de salud universal. Por otro, la continua búsqueda de privilegios.
¿Cuánto podría hacerse en salud con Q5.7 millones?
V.S. Cinco mil personas podrían tener un seguro básico de salud preventiva con un sistema integral de atención en salud.
M.M. Se paga el sueldo mensual de 1,000 médicos directores-as de un centro de salud, 5 mil partos en la red pública, se compran medio millón de inyectables y la mitad de lo que Guatemala necesita para cubrir su demanda de planificación familiar en un año.
M.P. Tengo 30 incubadoras cerradas que desde hace 18 meses no tienen mantenimiento. Podría dárseles mantenimiento a una veintena de módulos de terapia intensiva para recién nacidos.
J.M. Cada chispita nutricional cuesta US$4 anuales y ayuda a paliar las deficiencias nutricionales. Haga usted la cuenta.
¿Supone una admisión por parte de los diputados de que el Seguro Social no sirve?
V.S. Por supuesto.
M.M. El servicio que presta el IGSS es básico debido al volumen de pacientes y el número de servicios que tienen. El Congreso quiere facilitar los servicios de salud.
M.P. Claro. Están diciendo los padres de la patria que merecemos atención médica de calidad. Pero, ¿qué pasa con nosotros los hijos de la patria?
J.M. Los diputados no entienden la función de la cosa pública que es peor que criticar a la institución.
¿Debieran descontárseles a los legisladores como a cualquier cotizante del IGSS el 4.86 por ciento de su salario?
V.S. Indudablemente.
M.M. Por supuesto.
M.P. No son asalariados.
J.M. Por obligación, deberían ser usuarios de dicha institución, para conocer con mayor detalle lo que se hace bien en el IGSS y lo que se debe cambiar.
¿Cuál debe ser el mecanismo correcto entonces?
V.S. Debiera ser pagado de sus recursos.
M.M. Muchos diputados son profesionales, los colegios de médicos, abogados y de ingenieros ya tienen seguros.
M.P. Si ellos no cotizan al IGSS están los servicios públicos de salud, pero no son lo suficientemente decorosos. Aunque un diputado acudió el año pasado a pedir Tamiflu personalmente al
Roosevelt. Que paguen su seguro.
J.M. Que paguen el seguro de su salario, no del erario público. Pueden cotizar al IGSS, no hay impedimento en la ley.
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