El régimen de Álvaro Colom, de corte populista autoritario, ha comenzado su tercer año de gestión con una campaña de señalamientos, descalificaciones, ataques y persecución política contra empresarios, periodistas, opositores políticos y disidentes en general, con un claro propósito de reprimir y avasallar.
Ha trascendido que existe una clara intención de criminalizar a opositores políticos y a ciudadanos idóneos que podrían optar a cargos públicos, a fin de que la opinión pública los repudie y no puedan postularse o ser postulados. En muchos casos, la intención velada es sembrar la duda, la desconfianza, y que los oficialistas puedan colarse, ganar o ser designados sin competencia alguna. En otros casos, la pretensión es que el temor se apodere de los señalados y que estos se vean obligados a abandonar la contienda, desistir de optar a los respectivos cargos públicos o, incluso, irse del país. La cárcel es otra alternativa.
La regla que rige es: quien no está conmigo está contra mí; quien no es mi amigo es mi enemigo.
Luego, el régimen de la UNE no garantiza la tolerancia, el debate y el libre juego de opiniones, y se ha declarado a favor de la confrontación, del litigio, de la campaña negra y de la guerra sucia. Los espacios de diálogo y discusión se han cerrado totalmente. Ninguna propuesta que no venga del Gobierno es aceptada.
La exigencia de transparencia y de rendición de cuentas pareciera ser lo que peor le cae al Gobierno. Los gobernantes y gobiernistas no están dispuestos a que se controle y fiscalice la actividad estatal, especialmente la más sensible, que, por cierto, tiene que ver con los programas de Cohesión Social, a cargo de la esposa del Presidente, Sandra Torres de Colom.
Consecuentemente, nuestra democracia ha degenerado al punto de convertirse en una autocracia, porque el Gobierno no está respondiendo a los legítimos intereses y aspiraciones de la población. No es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sino un régimen de los gobernantes, por los gobernantes y para los gobernantes, así como de los negocios, por los negocios y para los negocios.
En conclusión, quien hace imputaciones, señalamientos, críticas y cuestionamientos es considerado automáticamente como un enemigo jurado del régimen, y merece ser reprimido, descalificado o humillado. Asimismo, todo opositor político o aspirante a cargos públicos no deseado es objeto de ataque y persecución, a fin de deslegitimarlo y sacarlo de la contienda, cueste lo que cueste. ¡Qué mal estamos!
Este espacio es para promover el diálogo, compartir, discutir y argumentar sobre el artículo publicado, únicamente.
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