La CICIG lo señaló de implantar evidencia falsa en el Caso Rosenberg. El MP lo intenta investigar por lavado de dinero y por llevar a la cúpula policial a una banda de tumbadores de droga y el presidente Colom le atribuye garrafales errores que le costaron caro al Gobierno. Atrincherado en su municipalidad de Villa Nueva, el fallido Ministro de Gobernación ha recurrido al silencio.
Las evidencias que presentó esta semana la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sobre el caso de Rodrigo Rosenberg dejaron bien librados a los funcionarios de Gobierno acusados de participar en el crimen del abogado guatemalteco que, según la Comisión, planificó su propia muerte. Sólo el nombre de un funcionario no salió limpio: el de Salvador Gándara.
El fugaz Ministro de Gobernación y actual alcalde de Villa Nueva fue señalado por el jefe de la CICIG, Carlos Castresana, de movilizar en junio, en el helicóptero de la esposa del Presidente, a un grupo de investigadores hasta San Marcos. Ahí les presentó a un supuesto testigo que ofreció pistas falsas sobre el asesinato de Rosenberg y le pagó a algunos periodistas para que le dieran cobertura al suceso, bajo la petición de que no lo fotografiaran a él ni al helicóptero.
El alcalde de Villa Nueva se ha negado a dar una explicación sobre estos señalamientos. Su portavoz argumenta que no quiere polemizar y que en su momento dará detalles de lo sucedido, pese a que el presidente Álvaro Colom ya le trasladó la responsabilidad de aclarar lo sucedido. “Él ya no trabaja conmigo, que dé las explicaciones él”, contestó el mandatario en una entrevista concedida el viernes a Emisoras Unidas. Dos días antes, los líderes del Partido Patriota (PP), acusados por el falso testigo de ordenar la muerte del abogado, anunciaron que accionarán legalmente contra Gándara por difamación y calumnia.
El silencio ha sido el refugio de Gándara desde agosto, cuando la cúpula policial que nombró dos meses antes, pese a las severas críticas de la sociedad civil y de la misma CICIG, fue destituida por su presunta participación en la desaparición de más de 300 kilos de cocaína y de US$300 mil incautados. Tampoco ha querido pronunciarse sobre la denuncia que le hizo la Intendencia de Verificación Especial (IVE) por el supuesto lavado de Q1.7 millones en la Municipalidad de Villa Nueva, y por la cual el Ministerio Público ha solicitado su antejuicio.
“La decisión de esa cúpula (policial) fue un error que nos costó mucho”, admitió Colom en una reunión sostenida el miércoles 13 con agencias de noticias internacionales. Al periodista que le inquirió sobre si consideraba un error haber llevado a Gándara a dirigir la seguridad del país, el mandatario comentó que “con todo el respeto (a Salvador), yo creo que (él) no era la evolución que yo estaba esperando”.
Salvador Gándara fue un diligente Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que pese a no pertenecer a la UNE y sumársele en la segunda vuelta electoral, se ganó la confianza del Presidente y, especialmente, de su esposa, a costa de trabajo arduo y lealtad incondicional.
Pero, como ministro de Gobernación, Gándara fue uno de los peores desaciertos del Gobierno. Llevó una mafia a dirigir la Policía y retrocedió el proceso de depuración que habían iniciado sus dos últimos antecesores. Otorgó contratos a empresas presuntamente de su propiedad o de estrechos colaboradores, se le desbordaron los índices delincuenciales y de homicidios y rayó en el ridículo cuando en su avidez de cobrar protagonismo le atribuyó los asesinatos de pilotos a un tatuado pandillero apodado El Smiley, cuya captura provocó más risas burlonas que consuelo.
Fueron seis meses y dos días los que Gándara estuvo a cargo de Gobernación. Llegó al puesto a principios de enero para sustituir a Francisco Jiménez, el poco mediático ministro que había enfrentado casi un mes de interpelaciones en el Congreso por parte del PP debido a los pobres resultados rendidos en la lucha contra la violencia.
En diciembre de 2008, Colom ratificó en el puesto a Jiménez, su segundo titular de Seguridad después de la no esclarecida muerte de Vinicio Gómez. Sin embargo, después de una relajada reunión en una casa del puerto el mandatario habría sido convencido por su secretario privado, Gustavo Alejos, y su entonces asesor en temas de seguridad, Luis Mendizábal, de llevar a Gándara a comandar Gobernación, un puesto que el popular alcalde villanovano había aspirado con ahínco desde la campaña electoral.
Gándara, viceministro de Gobernación de Álvaro Arzú y unionista de pura cepa hasta que renunció a ese partido para pasarse a la UNE, recibió un ministerio de Gobernación muy distinto al que dejó en 1999. “Era bueno en cosas operativas, pero faltaba algo ahí”, lo explicó Colom en la entrevista de esta semana. Gente que trabajó de cerca con Gándara lo resume en que no tenía el conocimiento necesario para ejercer el cargo.
Recién llegado Gándara redujo la cantidad de subdirecciones en la Policía Nacional Civil (PNC) y generó malestar en la sociedad civil cuando cerró las unidades contra ataques de defensores de derechos humanos y de violencia contra la mujer. Internamente, también se abrió frentes al modificar el reglamento interno de la institución para preparar el terreno que le permitiría remover a sus directores policiales Marlene Blanco y Rémber Larios y subalternos para colocar a policías retirados o depurados que meses después acabarían presos o prófugos.
Gándara es descrito por quienes han trabajado cerca de él como un tipo enérgico, trabajador incansable y de temperamento explosivo. No era inusual que a las 5:00 de la mañana se le encontrara en el gimnasio personal que mandó a instalar en el sótano del edificio de Gobernación y para el cual compró una televisión de plasma, pesas, una caminadora y un step para ejercitarse.
Se reunía a primera hora con los mandos altos y medios de la institución y entre gritos, regaños y recriminaciones de “son unos incompetentes, no sirven para nada” se granjeó innecesarios resquemores entre las filas de los súbditos.
El ministro era un hombre religioso. En la terraza del edificio había ordenado acondicionar un oratorio alfombrado en el que día y noche había mujeres orando y dos veces por semana se oficiaban servicios religiosos. Las galletas, los sándwiches, el café y los refrescos corrían por cuenta de la institución y también salía de la planilla del ministerio el sueldo del asesor espiritual de Gándara. Este, según le explicó a un empleado del ministerio, tenía la misión de ayudar a su acompañado a que no se desviara de los caminos del Señor y de darle fortalezas en medio del desgaste diario inherente al cargo.
Gándara es un seguidor de la iglesia Casa de Dios del pastor neopentecostal Cash Luna. Fuentes del ejecutivo explican que el ex ministro fue el vínculo entre el líder religioso, con quien guarda una estrecha amistad y juega golf una vez por semana, y la pareja presidencial. En aquella cruzada de sanación que Luna realizó en 2008 en el Estadio Mateo Flores, Gándara participó como un diácono más que danzó, cantó y oró por la curación de los enfermos. También se le ha visto en canales religiosos sosteniendo a las personas que tras ser tocadas en la frente por el pastor caen desfallecidas.
Aunque Gándara llegó a Gobernación con ciertas limitaciones, tuvo la libertad de abrir una oficina cercana a su despacho en la que 4 colaboradores estudiaban a puerta cerrada los contratos gestionados en la cartera, antes de que el funcionario los firmara. Gándara fue interpelado en el Congreso por la suscripción de un contrato de Q118 millones con organizaciones no gubernamentales encargadas de construir y remodelar las estaciones policiales, detrás de las cuales se presume hay amigos y colaboradores cercanos a él. Otros supuestos contratos anómalos, por los que no hay investigaciones en proceso, tienen que ver con la adjudicación de la comida de la Academia de la PNC y la limpieza del edificio.
Al llegar a Gobernación, Gándara no contaba con total libertad de hacer nombramientos. Fue después de varios meses que logró convencer al Presidente y a Sandra Torres que necesitaba hacer los relevos en la cúpula policial para poder mejorar los indicadores de la seguridad del país. No eran un secreto sus constantes choques con Marlene Blanco. Él no la convocaba a las reuniones y ella era reacia a acatar sus instrucciones. Argumentaba que necesitaba en esos cargos gente de su confianza. Dos fuentes en el ejecutivo cuentan que el Presidente estaba renuente a los cambios (él, personalmente había juramentado a Blanco y Larios), pero la confianza que se había ganado el ministro con la esposa del Presidente tuvo mucho peso.
Durante su paso por la Secretaría, Gándara demostró una lealtad irrestricta hacia Sandra de Colom y fue un férreo defensor del programa Mi Familia Progresa que coordina el Consejo de Cohesión Social (ya de ministro no dudó en transferirle Q277 millones que su cartera “no necesitaba”). Aunque no era directivo del programa el Secretario participaba en todas las reuniones y supervisaba los proyectos. Su Secretaría era la encargada de ejecutar parte de los fondos que coordinaba el Consejo y fue contra Gándara que el PP presentó un amparo por su negativa de entregar información sobre los beneficiarios del programa.
Gándara siempre viajaba al lado de Sandra Torres en el helicóptero, la secundaba en los discursos en las comunidades beneficiadas, daba declaraciones a los medios, resolvía urgencias para cumplir con los plazos demandados por “doña Sandra”.
El hombre conocido por su temperamento explosivo era capaz de asentir e inclinar el cuello con humildad ante Torres. Fue incondicional y leal y la esposa del Presidente se lo correspondió con confianza. Cuando algunos dentro del Gobierno comenzaron a mencionar a Gándara para integrar un posible binomio presidencial con “la señora”, él sonreía complacido, pero a la gente del partido no le cayó en gracia. Su partida a Gobernación fue un alivio para muchos. Sobre todo para los que vaticinaron “la tumba política” para aquel que nunca ocultó sus aspiraciones de construir una carrera encaminada a una candidatura presidencial.
Con la venia de la esposa de Colom, Gándara obtuvo el permiso presidencial para nombrar a la nueva cúpula policial.
Varias fuentes coinciden en que fue el ex director de la PNC, Mario René Cifuentes, quien lo asesoró sobre la formación del equipo. Porfirio Pérez Paniagua, policía retirado y catedrático universitario de criminalística, asumió sorpresivamente en junio como jefe de la PNC y Rolando Mendoza Pérez, policía jubilado, como subdirector. Como director de Operaciones asumió Héctor David Castellanos, quien había sido destituido por Vinicio Gómez por denuncias de corrupción. José Paulino Boch, director de la Academia, había quedado fuera de la Policía en 2008 por su supuesta vinculación con el robo de furgones. Y Óscar Florián Lemus, nombrado jefe de Operaciones Conjuntas, había sido despedido por abuso de autoridad y robo.
“Vamos a entregar una nación muchísimo más segura y con una Policía más compenetrada en el rol que tiene que hacer”, prometió Gándara el día de la presentación oficial de la dirección policial. Tres meses después el Ministerio Público (MP) pediría la captura de diez miembros de la Policía y un civil por integrar una estructura criminal dedicada al robo de droga.
Esta semana Castresana también mencionó a Gándara como el funcionario que, en sustitución de Jiménez, fue nombrado por el presidente Colom previo a la licitación de la emisión de pasaportes y del documento personal de identificación del Renap, y que conocía a Rosenberg por ser el abogado de Mendizábal.
El jefe de la CICIG calificó de irregular la manera en que fue adjudicada la emisión de los pasaportes (que depende del Ministerio de Gobernación) a Easy Marketing, empresa de Gregorio Valdés (conocido financista de la UNE). Históricamente este negocio le había pertenecido a Mendizábal, quien recurrió a un recurso legal ante la Corte de Constitucionalidad, planteado por Rosenberg y a través de una empresa llamada Landosa Digital, S.A. Ya había muerto el abogado cuando la CC resolvió que el proceso quedaba anulado porque las licitaciones eran claramente tendenciosas en favor de la empresa de Valdés.
En la acusación del MP por el caso Rosenberg también se detalla que dentro de los integrantes de la banda de 12 sicarios que ejecutó el asesinato figura Edwin Idelmo López, que recibió el ofrecimiento de matar al alcalde de Moyuta, Jutiapa por parte de un vecino de Villa Nueva y seguridad del alcalde de ese municipio. El nombre de Gándara, quien ha sido jefe edil del municipio durante tres períodos, no se menciona expresamente.
Por estos dos hallazgos el alcalde no es sujeto de investigación. Sin embargo, una fuente de la CICIG confió que la Comisión considera que a Gándara se le debe seguir un proceso por contribuir a desviar la investigación y a facilitar un testimonio falso en el incidente de San Marcos con el helicóptero presidencial.
El proceso en el que figura Gándara en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero está detenido debido a que la Sala Cuarta de Apelaciones nombró a un juez pesquisidor en noviembre del año pasado, pero no aún no se le ha notificado. Mientras tanto, el juzgador no está facultado para reunir los medios de prueba que le sirvan a la sala para determinar si procede o no el antejuicio contra el alcalde. La denuncia de la IVE data de finales de 2006. Se sindica a Gándara de lavar Q1.7 millones durante su segundo período de alcalde de Villa Nueva. Por este caso la fiscalía solicitó la captura de Juan Guaz, el piloto y mensajero de Gándara, quien habría servido de testaferro. Personal de Gobernación recuerda a don Juanito como un tipo humilde y servicial que se encargaba de hacerle los mandados y pagos a Gándara. Está prófugo.
Por otro lado, el Jefe de la Fiscalía contra la Narcoactividad, donde se lleva la investigación contra Porfirio Pérez Paniagua y pandilla, dice que está a la espera de ver cómo se resuelve el antejuicio contra Gándara promovido por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, para que esta unidad entre a investigar al alcalde de Villa Nueva. No hay señalamientos directos contra Gándara, explica. El punto en cuestión es ¿quién nombró a esos funcionarios? (Pérez Paniagua y compañía), y es ahí donde figura el nombre del ex ministro.
Gándara dejó el ministerio de Gobernación en julio de 2009. Varios factores incidieron en salida: los índices de violencia, las muertes de pilotos, los señalados comisarios policiales, la presión de los grupos de la sociedad civil para que lo destituyeran. Pero el determinante, según varias fuentes, fueron los argumentos del jefe de la CICIG ante el presidente Colom. En una entrevista que Castresana otorgó en octubre al diario español La Vanguardia sobre el trabajo de la Comisión lo explicó así: “Ha habido algunas crisis, una de ellas con nuestra contraparte principal, el Ministerio de Gobernación, que fue muy bien en 2008 y empezó a ir muy mal en 2009, con el cambio de ministro, que estuvo hasta julio”.
El día de su salida del ministerio de Gobernación, Gándara reunió al personal y presentó a su sucesor. Volvió a su silla de alcalde de Villa Nueva y puso orden. Destituyó a más de cien personas que había nombrado su sustituto, con quien rompió relaciones de amistad, y se declaró alcalde sin partido en un municipio donde goza de alta popularidad y reconocimiento. Ese es su lugar seguro.
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