De cada diez asesinatos que son perpetrados en Guatemala, seis son cometidos por sicarios que viajan en motocicletas. Según el GAM durante la gestión del actual ministro de Gobernación, Raúl Velásquez, “ha sido cuando más hechos de sangre se han producido”.
Equipo de Investigación
Las investigaciones sobre el asesinato de Rodrigo Rosenberg hechas públicas por Carlos Castresana, jefe de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el pasado 12 de enero dejaron al descubierto un secreto a voces en Guatemala: los asesinos a sueldo, más conocidos como sicarios, operan con total impunidad y el Estado es incapaz de detenerlos porque en la mayoría de los casos forman parte de sus aparatos de seguridad.
Ese día, el jefe de la CICIG dijo que Rosenberg planificó de forma detallada su muerte, disfrazándola de un crimen contra un extorsionista a quien presuntamente él quería aniquilar. Para ello, contrató a un grupo de sicarios por medio de dos primos suyos, José Estuardo y Francisco José Valdés Paiz. Así como del guardaespaldas de estos, Nelson Wilfredo Santos.
El alto impacto de este caso evidenció que la vida en Guatemala tiene precio. El valor se negocia directamente con los asesinos y los sicarios dan sus servicios a quien lo solicite y matan a cualquier hora del día.
Según el periodista colombiano Héctor Veloza Cano, del diario El Tiempo, “los sicarios son personajes que no saben ni quieren saber quién es su víctima ni quién encargó el trabajo. Sólo reciben una orden y una paga por el crimen. Una vez que se les señala el blanco, investigan su rutina y buscan el momento adecuado para matar a su víctima”.
La investigación del Caso Rosenberg realizada por la CICIG ha establecido que para asesinar al abogado el grupo de sicarios cobró US$40 mil. Sin embargo, Donald González, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), asegura que “hay casos en los que una persona le paga Q100 y hasta Q50 a un pandillero para matar a otra persona”.
En octubre de 2009, la PNC identificó a dos cabecillas de la Mara Dieciocho que se dedican a asesinar a pilotos del transporte urbano, quienes relataron que eran contratados por extorsionadores que les pagaban Q300 por matar a cada piloto.
Guatemala es el tercer país en Latinoamérica con mayor índice delincuencial, según el estudio 2009 de la Fundación Friedrich Ebert. Esto coincide con las estadísticas que indican que más de 6 mil asesinatos se cometen anualmente en el país y que sólo un 3 por ciento recibe sentencia judicial.
El año pasado, el Ministerio de Gobernación desarticuló más de 30 bandas de sicarios, por lo cual hay más de 100 personas detenidas. Sin embargo, la mayoría aún sigue impune.
De acuerdo con el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el año pasado fueron asesinadas 3 mil 949 personas, de las cuales 3 mil 411 son hombres, 498 mujeres, 22 niñas y 18 niños. Datos de esa organización dan cuenta que “la mayoría de las muertes fueron cometidas por sicarios”.
En abril de 2009, el ex director adjunto de la Policía Nacional Civil Rember Larios sostuvo que de cada diez asesinatos que son perpetrados en Guatemala, seis son cometidos por sicarios que viajan en motocicletas.
De esa cuenta, en mayo de 2009 el Gobierno emitió la prohibición para que más de una persona no viaje en la moto y exigió a los motoristas que lleven casco y chaleco con el número de placa. Sin embargo, la PNC no ha vigilado que se cumpla la ley y los asesinatos desde esos vehículos continúan todos los días.
Los chóferes del transporte público son los principales blancos de delincuentes en motocicleta. A ellos los asesinan por negarse a pagar un impuesto de circulación que les exigen las pandillas juveniles.
Según el GAM, durante la gestión del actual ministro de Gobernación, Raúl Velásquez, “ha sido cuando más hechos de sangre se han producido en las últimas cuatro direcciones de esa cartera”.
Según Hellen Mack, de la Fundación Myrna Mack, “el fenómeno se incrementó luego de la firma de la paz ya que los ex militares pasaron a formar parte de las bandas del crimen organizado”.
En marzo de 2009, fue descubierto en Petén, cerca de la frontera con México, un campo de entrenamiento del grupo Los Zetas, una organización de sicarios al servicio de los narcotraficantes mexicanos conocidos como “Cartel del Golfo”. Allí, las fuerzas de seguridad incautaron un arsenal de 500 granadas y varios fusiles.
La entonces directora de la PNC Marlene Blanco reveló que en el lugar se entrenaban a sicarios para realizar acciones armadas. Entre ellos, 35 guatemaltecos fueron reclutados por sicarios de Los Zetas.
Datos de la PNC, GAM y del colectivo Vía Campesina dan cuenta que sicarios al servicio de los carteles mexicanos como Los Zetas han realizado diversos asesinatos por encargo en Guatemala.
El caso más impactante sucedió en marzo de 2008 cuando fue ejecutado en Río Hondo, Zacapa, el narcotraficante Juan José León, alías Juancho, por sicarios pertenecientes a Los Zetas, en el hecho murieron diez personas y cientos de cascabillos fueron encontrados en el turicentro donde León se encontraba.
El 15 de septiembre de 2009, ocho presuntos narcotraficantes también fueron asesinados por sicarios en la aldea San Francisco, El Rodeo, San Marcos, dentro de los fallecidos se encontraba el presunto líder del grupo Arturo Zacarías, profesor de educación primaria y propietario de diez vehículos de último modelo y una residencia a la cual llamaban “La Mansión de San Francisco”.
Además, el colectivo Vía Campesina reportó hasta el 14 de diciembre de 2009 12 líderes campesinos muertos a manos de sicarios.
Los analistas en temas de seguridad y crimen organizado como Mario Mérida y José Martí Guilló resaltan que la situación en Guatemala va agravándose debido a la poca voluntad de las autoridades para brindar seguridad y justicia. Así, el país se acerca a la realidad de Colombia, donde el año pasado fueron asesinadas 16 mil 140 personas, de ellas 6 mil 999 muertes fueron atribuidas a sicarios.
Un agente de la División Especial de Investigaciones Criminológicas (Deinc) de la PNC resalta que “en todas las bandas que hemos desarticulado siempre aparece agentes del Estado involucrados”.
El 15 de diciembre de 2009, Amnistía Internacional (AI) condenó al Gobierno de Guatemala por no investigar las ejecuciones extrajudiciales donde han resultado implicados agentes de la PNC.
El analista Martí Guilló asegura que “muchos de los sicarios son ex militares o ex policías porque ya están acostumbrados a usar armas”.
De hecho, la CICIG tiene en su poder imágenes de cámaras instaladas en el Ministerio de Gobernación decomisadas durante la investigación del caso Rosenberg, en ellas se ve ingresar en varias ocasiones a Manuel de Jesús Cardona Medina, alias Memin, intermediario para contratar al grupo criminal que asesinó a Rosenberg.
Además, William Santos Divas y Edwin Idelmo López, también responsables de la muerte del abogado, eran miembros de las fuerzas de seguridad, el primero de la PNC y el segundo especialista del Ejército. Otros más ocupaban puestos medios.
Mario Polanco, del GAM, asegura que el Ministerio de Gobernación debe actuar de inmediato y detener a todos los “matones” a sueldo. “Es una labor de inteligencia, pero que no se está haciendo”, comenta.
Otro fenómeno que se analiza es la participación de miembros de las maras o pandillas en asesinatos mediante el pago. En muchos casos, son contratados por pequeños empresarios cuyos negocios son extorsionados con el impuesto de maras. El analista Mario Mérida considera que los integrantes de las maras muchas veces matan por dinero, pero que en otras ocasiones también por ingresar a la pandilla.
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