Para que una ley cumpla con su objeto, debe ser acatada y respetada, y en caso esto no ocurra, quien incumpla sus mandatos debe tener la plena certeza de que le será impuesto el castigo o la sanción correspondiente, y que, inequívocamente, así será.
Luego, quien viola una ley debe saber que, irremediablemente, la consecuencia será el castigo o sanción prevista por la misma ley, sin excepción alguna. O sea que es imposible que pueda sustraerse a su imperio, y que siempre el peso de la misma caerá sobre su violador.
En Guatemala, si bien contamos con leyes, el incumplimiento e inobservancia de las mismas es generalizado, comenzando por los propios gobernantes y autoridades encargadas de hacerlas efectivas o de aplicarlas, los propios jueces, en quienes la ciudadanía ha depositado la responsabilidad de administrar justicia en su nombre.
La impunidad, que es la falta de castigo o sanción a los que no ajustan su conducta a lo que disponen las leyes, indudablemente es el peor azote de nuestra sociedad, y el principal factor de erosión institucional y de pérdida de credibilidad en la autoridad.
La impunidad es el peor flagelo de la sociedad guatemalteca, porque durante su reinado no rige el principio de que “el que la hace la paga” ni la premisa básica de la contratación que exige que se honre la palabra empeñada. El infractor y el irresponsable son los privilegiados del régimen de impunidad que impera en nuestro país. Simplemente, no hay protección ni defensa para el ciudadano honrado que trabaja, invierte y cree en Guatemala.
El sistema premia al sinvergüenza, al pícaro, al deshonesto, al corrupto, al abusivo y al delincuente en general, y le garantiza que siempre se salga con la suya, y se burle de la ley, de la justicia y de la gente que acata y cumple las reglas y las normas. La impunidad estimula el fraude, la violencia y el crimen, y sus mensajes a la sociedad son “el crimen paga” y “no confíe en la justicia oficial”.
La cúpula del Organismo Judicial entiende esto perfectamente. De ahí que resulte ociosa su defensa del estado de la justicia ante las críticas del Comisionado Internacional contra la Impunidad. Señores magistrados, atiendan las recomendaciones y no defiendan lo indefendible.
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