En los medios informativos se nos pinta un nuevo conflicto entre figuras políticas, esta vez el de un Presidente del Organismo Judicial y un Comisionado contra la impunidad que parecieran estar a punto de ir a las manos para resolver sus diferencias.
Todo habría empezado el pasado 6 de enero, cuando Verónica Galicia, la juez a cargo del proceso por asesinato de Rodrigo Rosenberg incurrió en el error de pedir protección a la CICIG. Y la CICIG, también se resbaló cuando por los medios informativos expresó su disposición de cuidarle las espaldas a la juez Galicia. Como era de esperarse, Erick Alfonso Álvarez, el magistrado Presidente del Organismo Judicial señaló que no era correcto que el acusador –en este caso la CICIG– se convirtiera en el guardián de la juez y del proceso. Álvarez expresó que eso era una responsabilidad del Organismo Judicial.
Más adelante, el comisionado Castresana, en una de las veces que ha externado su frustración por la ineficiencia con que las instituciones de seguridad y justicia caminan, dijo de manera un tanto hiperbólica que Guatemala se está muriendo.
Apenas lo había difundido en la radio y ya los reporteros recogían la reacción del magistrado Álvarez, quien señalaba lo obvio: que eso era una exageración de Castresana. A partir de estos dimes y diretes, se ha empezado a crear la impresión de una crisis entre la Corte Suprema de Justicia y la Comisión contra la Impunidad.
Desde mi perspectiva, no hay tal crisis y las críticas y agresiones que se han proferido contra el Presidente de la Corte son excesivas, reflejo del estado de crispación en el que vive la sociedad guatemalteca. Por otra parte, no creo que Castresana haya expresado esos comentarios con la intención de irritar al magistrado Presidente ni de poner en duda la integridad del trabajo de una Corte que apenas tiene tres meses de haber tomado posesión.
En la tournée mediática que emprendió Castresana luego de la presentación de sus hallazgos sobre el asesinato-suicidio de Rosenberg, lo que ha intentado es aprovechar la temporal benevolencia que ha encontrado en algunos sectores políticos para impulsar su agenda de reformas al sector justicia. Y bueno, para vender un producto pues es necesario exagerar su utilidad y, sobre todo, la necesidad de quien debe comprarlo, que en este caso es el establishment político guatemalteco.
En el caso del magistrado presidente del OJ, si quiere ser exitoso debe defender a capa y espada la autonomía de su institución, como lo hizo con la metida de pata de la juez Galicia y, por supuesto rechazar eventuales descalificaciones –que en el caso de Castresana, yo no creo que las haya él– que pretendan desacreditar su trabajo.
A diferencia de la Corte anterior, en el nuevo cuerpo colegiado que tomó posesión en octubre, se nota un buen espíritu para mejorar al sistema de justicia. Y a diferencia de los señalamientos que se dieron contra algunos ex magistrados, puede afirmarse que la trayectoria de Erick Alfonso Álvarez no muestra episodios ni amistades reprochables. Esperemos que, para bien de sus respectivas responsabilidades renueven, y mejor si es ante los ojos de los medios, su compromiso de hacer avanzar la justicia en Guatemala.
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