Un suicidio estrafalario que causó una crisis política grave.
Hasta las páginas del ‘New York Times’ llegó la noticia. La CICIG reveló el resultado de sus investigaciones sobre el caso Rosenberg: un suicidio estrafalario que pretendió, además de acabar con la vida de su protagonista, lanzar sombras sobre el régimen de Gobierno, causando una crisis política grave. A la distancia la escueta noticia me pareció inverosímil y pensé lo que muchos guatemaltecos: que razones de Estado habían movido los hilos de la investigación para proteger al régimen de una crisis política devastadora. Al volver a Guatemala y escuchar la conferencia de prensa de la CICIG, mi natural resistencia a aceptar la extravagancia del caso fue cediendo ante lo impecable que parece la investigación. Sin embargo, queda en el ambiente la duda sobre la responsabilidad de los funcionarios señalados por Rosenberg en su legendario video.
Efectivamente, aun considerando lo que prueban las investigaciones, el régimen no quedará exculpado sino hasta que se aclare el asesinato de los señores Musa y las acusaciones de corrupción en las instituciones sindicadas. Según las propias revelaciones de la CICIG, la muerte de Rosenberg tuvo el propósito de apuntar directamente hacia ese otro crimen que, desafortunadamente, quedó relegado por la atención mediática.
¿Y qué ha pasado en esta investigación? Nada sabemos. Según Castresana no tiene control del mismo, pues la CICIG llegó con un mes de atraso a la escena del crimen. ¿Y el Ministerio Público? ¿No estuvo allí para recabar con diligencia la información? O vamos ahora a descubrir que, como en el caso Gerardi, la escena del crimen fue manipulada convenientemente para desvanecer los indicios que llevan a los culpables.
Si queremos llegar al fondo de esta cuestión y quizás a la revelación de las razones ulteriores de la muerte de Rosenberg, es indispensable exigir el esclarecimiento de este otro crimen, sobre todo si consideramos que todo apunta a la existencia de una corrupción de gran magnitud en el manejo de instituciones tales como Banrural y Anacafé. Si no se esclarecen estas cuestiones, los tres asesinatos seguirán impunes aun cuando arresten y condenen a sus ejecutores materiales.
No cabe ninguna duda de que en un caso de corrupción de alta envergadura estarán involucrados personajes con mucho poder político y económico. De allí que el desafío deba afrontarse no solamente por la CICIG y el Ministerio Público, sino por la propia sociedad civil que debe ejercer presión para esclarecer completamente el caso y castigar a los responsables.
Para terminar quisiera compartir el terror que me causa saber que los sicarios involucrados en este y en otros crímenes provienen fundamentalmente de los cuadros de la Policía Nacional Civil. ¿Qué medidas se tomarán al respecto?
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