Se ha instalado entre el liderazgo del país una especie de nuevo ánimo, menos confrontativo, más conciliador, esperanzado incluso en la posibilidad de encontrar acuerdos y no sólo en entretener las decisiones.
Hay pruebas de que el Gobierno, después de las dificultades pasadas en los últimos meses de 2009 en el Congreso, decidió modificar el rumbo. Dio marcha atrás en su belicosa campaña publicitaria, tendió puentes hacia el sector privado y empezó a adoptar un tono acorde al principio de la unidad nacional. Los propios empresarios habían aceptado ya antes de Navidad un par de invitaciones del embajador de Estados Unidos para conversar con el Gobierno. Pero es innegable que la presentación del resultado de las investigaciones en el caso Rosenberg resultó propicia para establecer el diálogo. Y también lo fue el hecho de que el propio Presidente les tendió una ramita de olivo a sus opositores más enconados, los miembros de la bancada patriota. El discurso del 14 de enero en el Congreso es radicalmente distinto al pronunciado en 2009. El gesto de ofrecer excusas a la líder del grupo patriota por un incidente poco relevante con la seguridad presidencial, ilustra el ánimo de la distensión. De modo que hoy hay un diálogo establecido. Los empresarios y funcionarios del Gobierno discuten en cuatro mesas. El Congreso replica esas mesas y prepara el terreno para legislar a favor de lo que se disponga entre los dialogantes. Los opositores acuden a la Casa Presidencial a escuchar las propuestas del Presidente.
Esto es, que el liderazgo del país parece marchar por una ruta más civilizada y más edificante que la transitada en los primeros dos años de la actual administración. Se dice fácil, pero el nuestro es un país endiabladamente aficionado al conflicto.
De modo que el actual ambiente es cien veces mejor al clima que vivíamos hace sólo unas semanas, cuando la prensa sorprendía a los aliados de ocasión del Gobierno saliendo furtivamente por el Callejón Manchén después de negociar a cuenta del presupuesto nacional los votos para el presupuesto y el paquete fiscal. También es mucho mejor que esa componenda entre bancadas, liderada por los oficialistas, para integrar una Corte Suprema cuyo presidente ahora considera exageradas las críticas a la atrofia del justicia. Pero participar en el diálogo supone también una cuota alta de compromiso.
Los empresarios, por ejemplo, ¿podrán abandonar el proceso sin ceder en la solicitud del Gobierno de mejorar los ingresos del Estado, sobre todo si este acepta responder a una parte de las demandas que el sector privado plantea? Y los miembros del Partido Patriota, sin duda los más interesados en conseguir una mejor situación financiera para el fisco, ¿podrán rehusarse al acuerdo si hay evidencia de priorizar el interés nacional? ¿Y podrán negarse a acuerpar lo que los empresarios acepten? La clave para el Gobierno está en persuadir a sus contrapartes que sus propuestas trascienden a las ambiciones presidenciales de la esposa del Presidente o al ánimo continuista de la UNE.
A los ciudadanos, a los integrantes de la clase media, no nos queda otro papel que el de convidados de piedra. Ajenos a las discusiones, y francamente fuera de la agenda de interés de los grupos que participan en el diálogo, habremos de limitarnos a observar lo actuado y luego pagar la factura.
Si tan sólo los partidos políticos o el gobierno representaran nuestros intereses. Pero en Guatemala, los políticos dicen siempre representar a los más pobres, actúan por lo general para favorecer a los más ricos (quienes financian sus campañas) y desoyen religiosamente a quienes llevan la mayor parte de la carga tributaria.
En eso no ha cambiado el clima nacional.
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