El Ministerio de la Defensa está atestado de peticiones de destacamentos. Casi cien pueblos han solicitado la llegada de soldados para frenar la delincuencia. Llevarlos parece un paso atrás en los Acuerdos de Paz, no llevarlos es dejar en la inseguridad a los habitantes.
Marta Sandoval
“Es indignante que hayan regresado”, dice Juan de Dios García, de la Asociación de Víctimas del conflicto armado en Rabinal. Se refiere a esos hombres de traje verde olivo y armas en mano que desde hace cuatro meses se mezclan con la gente de Rabinal. “Después de todo lo que pasó aquí”, agrega y su tono de voz más que cólera denota frustración. Han regresado. Los militares están otra vez en las calles de aquel pueblo que en los años ochenta sufrió los peores horrores de la guerra. A muchos pobladores se les eriza la piel cuando los ven, vuelven los malos recuerdos y los miedos viejos. Pero a otros aquella presencia les permite dormir en paz, les infunde una tranquilidad que hace mucho no sentían.
El destacamento militar llegó a Rabinal después de que el Alcalde hiciera una petición al Ministerio de la Defensa. “Hicimos una consulta y el 90 por ciento de la población estuvo de acuerdo en que vinieran los soldados”, dice Juan Vásquez, alcalde. Como Rabinal hay 96 pueblos más que ya han hecho su solicitud al Ejército, quieren soldados que les protejan, que regresen la seguridad a sitios que cada vez son más inseguros.
“Hay ausencia de autoridad en esos lugares”, advierte el analista y militar retirado, Mauricio López Bonilla, “esas partes las han llenado el crimen organizado y la narcoactividad y por eso es lógico que la gente esté buscando la medida extrema que es el regreso de los militares”. Esa solución extrema la solicitan municipios como Chisec, La Tinta, Cubulco, Huehuetenango o Chichicastenango. Pero las solicitudes van acompañadas de una ola de controversia, entre quienes piensan que es un retroceso en los Acuerdos de Paz y una falta de respeto a las víctimas, y en el lado contrario de la moneda: los que ven la llegada del Ejército como la única solución a la delincuencia.
Don José León Coloch es un hombre querido y respetado en Rabinal, gracias a él el Rabinal Achí sigue vivo, ha guardado y transmitido la danza patrimonio de la humanidad a sus hijos y a sus nietos y ha estado detrás de la representación desde los años setenta. Durante la guerra fue un suplicio continuar la tradición, “teníamos que bailar escondidos”, recuerda, los instrumentos sonaban muy suave, tan leve que apenas los escuchaban sus intérpretes, “el Ejército no nos dejaba”, cuenta. Como casi todos los rabinalenses don José León también perdió a un ser querido en la guerra. Los soldados se llevaron a su hermano y a su cuñada. Los dos cadáveres aparecieron cinco días después, torturados y en un río.
Cuando se le pregunta a don José qué piensa del regreso de los soldados: “Es bueno que estén aquí, da más seguridad”, su respuesta sorprende,“lo que pasa es que ya no son los mismos”, aclara, para justificarse, “ahora vienen a defendernos, ya no hay guerra, estamos en democracia”, dice con plena seguridad. La guerra se acabó por lo tanto ni los soldados ni los guerrilleros pueden hacerles daño, de eso está convencido.
“Hoy hay otras condiciones, la gente identifica qué es lo que está ocurriendo, saben que el Ejército no regresa como hace 25 años”, explica López Bonilla.
“Mucha gente subestima la sabiduría popular. Es un poco difícil de entender, como que en Quiché, donde el enfrentamiento armado tuvo la mayor intensidad, el FRG con Ríos Montt ganara ¿cómo es eso posible?, pensando en la ciudad, leyendo libros e informes no vamos a poderlo entender, hay que ir a las comunidades a hablar con la gente, cuál es su lógica, porque la lógica de ellos nosotros la vemos ilógica. Para nosotros eso es la lógica de la sin razón. Es una contradicción y una tremenda paradoja, pero es una realidad”.
Pero hay quienes no lo entienden, o mejor dicho no lo creen. El pueblo no puede pedir de vuelta a sus antiguos agresores. “En medio de esto puede haber una campaña gubernamental para justificar la remilitarización del país, es decir la apertura de viejas brigadas y la llegada de más soldados, y no pagar el costo político que eso representa”, sospecha el analista Miguel Ángel Albizures, “no hay una consulta real, hay grupos de interés alrededor de las alcaldías que han solicitado la presencia del Ejército”.
Reina Caba, una líder de Ixcán, está indignada por la apertura de una brigada militar en su pueblo, para ella esa decisión no estuvo amparada por la comunidad. “El Alcalde es del partido del gobierno y por lo tanto todo lo que impulsa el Presidente él lo aplaude. Aquí no hubo consulta”, dice. Caba, junto a 80 líderes más de la región, llevaron a la ciudad capital una carta manifestando su rechazo al regreso de los soldados, pero no sirvió de nada. “La excusa era el narcotráfico, pero no hemos visto a ningún narcotraficante agarrado, ha habido asesinatos, la violencia sigue y se supone que vinieron a garantizar seguridad”.
“Yo tenía mis dudas de que vinieran los soldados”, dice Julio Vásquez, el alcalde de Rabinal, “pero hicimos la consulta, el 90 por ciento dijo que sí y mayoría gana”, asegura. El mismo alcalde sufrió los embates de la guerra, “decían que mi papá era comunista y por eso tuvimos que salir varios meses de Rabinal, cuando yo era pequeño, a mi papá lo metieron preso”, recuerda, “fue una época dura”, afirma, pero rápidamente le vuelve el optimismo, “el Ejército ahora ha cambiado, entienden que ya hay democracia”.
García no confía en la consulta que hizo el alcalde de Rabinal, “no se llamó a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes); el Concejo Municipal sólo se reunió con la gobernadora y el comandante del Ejército”, asegura.
Otro que duda que haya sido el pueblo quien lo solicitó es el antropólogo Andrés Álvarez, “llevo muchos años de trabajar en Rabinal y conozco a mucha gente que tiene muy claros los peligros de la militarización de la sociedad. Lo vivido en los años ochenta está muy presente, basta con visitar el Museo Comunitario para ver cómo entienden las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron y quiénes creen fueron los responsables”. En el museo hay una sala donde se exhiben decenas de fotografías de víctimas de masacres o desapariciones forzadas durante la guerra.
Precisamente el director del museo, Joaquín Cajbón, no cree que haya sido correcto llevar el destacamento, “se debe crear otro sistema de seguridad, no tiene porque ser el Ejército, tiene que haber otra cosa, se tiene que encontrar una mejor solución”. Cajbón confiesa que la llegada de los militares al pueblo ha beneficiado “en cuanto a la violencia, porque la Policia Nacional Civil (PNC) ya no se daba abasto. Pero si vemos al pasado, si pensamos en las víctimas para ellos ver a los soldados en la calle no es una alegría”.
“Las cosas tienen que ir cambiando, no podemos seguir con temores de antes”, sostiene el alcalde.
Para el sociólogo Carlos Sabino, autor del libro sobre el conflicto armado ‘La Historia Silenciada’, que la gente quiera soldados no es nada raro. “El Ejército no quedó tan mal como muchos piensan”, afirma, “hay una mentira y una mala lectura de la historia. El conflicto armado no fue el pueblo y la guerrilla contra el Ejército, sino el pueblo en medio de la guerrilla y el Ejército. Yo estuve en Nebaj y Joyabaj y allí la gente quiere al Ejército, si repitiera todas las cosas que me dijeron parecería que me pagan los militares”.
Donde sí quedó mal el Ejército fue en los informes de Memoria Histórica: la Comisión para el Esclarecimiento Histórico denunció que el 93 por ciento de los crímenes cometidos durante la guerra fueron causados por el Ejército. “Pero quién hizo el Remhi y el informe de la comisión”, replica Sabino, “pueden poner el nombre de Naciones Unidas allí, pero la gente que trabajó en eso era favorable a la guerrilla. El Remhi no aceptó pruebas de empresarios, no quiso escuchar al Ejército, así se va creando una falsa historia. El pueblo que vivió el conflicto armado no se cree el Remhi, se lo creen los estudiantes”.
Juan de Dios García, de la Asociación para el Desarrollo Integral de Víctimas de masacres en Rabinal, sí se lo cree. Se lo creen él y los asociados, para ellos es un insulto que el Ejército vuelva a su tierra, “esto viola los derechos de las víctimas, es una burla a las comunidades”.
De acuerdo con Byron Gutiérrez, vocero del Ejército, las 96 solicitudes que tiene actualmente el Ministerio de la Defensa están firmadas por líderes comunitarios, alcaldes, presidentes de juntas de vecinos o de comités de barrios, “son personas que fueron electas popularmente”, afirma. “La principal función de los soldados es disuadir a los delincuentes”, aunque también pueden realizar capturas in fraganti.
Albizures va más allá, “hay que ver cómo se mezcla esto con los megaproyectos”, advierte, “En el Ixcán está el proyecto Xalalá, la hidroeléctrica, donde la población está exigiendo que se sienten a dialogar, a ver los pro y contras porque son un montón de aldeas las que van a quedar inundadas. Hay problemas con la Franja Transversal del Norte y allí están metiendo al Ejército, eso no es casual”. En San Miguel Ixtahuacán varios líderes han denunciado que la mina de Goldcorp está dañando sus viviendas; de allí también salió una petición del Alcalde para que les lleven un destacamento militar.
El mapa ya estaba trazado. Los Acuerdos de Paz eran claros, la Policía debería resguardar el orden público y la seguridad interna, y el Ejército la soberanía y las fronteras. Planteaban la profesionalización “impostergable”, de la Policía Nacional Civil, para que pudiera brindar orden en todos los sitios que abandonaban los soldados. “Para finales de 1999, una nueva fuerza de Policía Nacional Civil estará funcionando en todo el territorio nacional”, soñaba el acuerdo. No fue así, 13 años después de la Firma de la Paz, la PNC no ha ganado ni la confianza ni el respeto de la población.
Qué hacer sin una Policía eficaz y en las manos de la delincuencia. Los Acuerdos de Paz daban una solución de emergencia: “Cuando los medios ordinarios para el mantenimiento del orden público y la paz interna resultaren rebasados, el Presidente de la República podrá excepcionalmente disponer del Ejército para este fin. La actuación del Ejército tendrá siempre carácter temporal, se desarrollará bajo la autoridad civil y no implicará limitación alguna en el ejercicio de los derechos constitucionales de los ciudadanos”. Con este artículo y el 40-2000 del Congreso que permite al Ejército apoyar a la PNC, los soldados vuelven tranquilamente.
“Si los gobiernos sucesivos a la Firma de la Paz hubieran cumplido con los acuerdos, especialmente con la profesionalización de la Policía Nacional Civil, si hubiera habido un proceso de depuración fuerte en sus filas, esto no estaría aconteciendo hoy”, explica Albizures. “Se nos quiere imponer nuevamente el papel del Ejército en seguridad, cuando deberíamos de avanzar en un proceso de democratización”, agrega.
Los Acuerdos de Paz planteaban una reducción del Ejército. Para 1997 debía recortarse en un 33 por ciento. A finales de 2004 la reducción ya había alcanzado el 66 por ciento, el doble de lo que estipulaba la Firma de la Paz. “Ahora vemos las consecuencias de esa ligereza, de haber hecho una reducción desmedida en tan poco tiempo. Yo creo que por eso las autoridades de Gobierno están retomando el tema”, opina el coronel Byron Gutiérrez, vocero del Ministerio de la Defensa.
“Lo que habría que hacer es lo que se dijo que había que hacer desde un principio: mientras formamos una Policía profesional que respete los derechos humanos y que esté capacitada para detener la delincuencia, podríamos haber utilizado al Ejército para tener funciones de control y después hacer paulatinamente la sustitución de roles”, explica López Bonilla. “En 13 años, probablemente tendríamos ya todo el territorio nacional cubierto. Pero aquí estamos toda la vida en crisis y en transición. No tenemos ni metas ni indicadores que nos digan por dónde vamos”.
“Pero los acuerdos no son la Constitución”, piensa Sabino, “simplemente son acuerdos que en una época quizá cumplieron una función, pero ahora hay que tratar otros problemas. Aferrarse a esa especie de idea de que el Ejército no debe intervenir y debemos mantener el sistema jurídico tal como está, eso es encaminarse a problemas más serios. Porque la gente está pidiendo ahora al Ejército en sus aldeas, qué va a pedir dentro de cinco años ¿un golpe militar?, ¿un Chávez? Yo creo que si no se les lleva el Ejército se va a aumentar brutalmente la ola de linchamientos y eso sí se puede escapar de las manos”.
El hecho real es que el Ejército está regresando a las comunidades. En diciembre pasado se inauguró una brigada militar en Playa Grande, Quiché y el Ministerio de Defensa espera inaugurar otra en San Marcos, una brigada que costará Q100 millones previsiblemente.
“Al momento de abrir un destacamento no hay costos, porque no se contrata más personal ni se requieren más recursos. El problema es que tenemos una cierta cantidad de elemento humano disponible y con eso tenemos que jugar, darle respuesta a unos y a otros. Si pusiéramos un destacamento a cada peticionario necesitaríamos muchísima más gente”, explica Gutiérrez. El Ejército cuenta actualmente con 15 mil 500 elementos.
Don José León no olvida a su hermano. Tampoco olvida cuando los soldados los obligaban a callar cuando pretendían representar el Rabinal Achí. En las arrugas de su frente están las decenas de noches sin dormir por haber vivido la guerra. Pero los soldados ya no le dan miedo.
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