La defensa del ex mandatario acudió ayer a Gestión Penal a presentar un memorial que busca frenar la extradición en contra del ex gobernante.
“Portillo no puede ser entregado a un tercer país requirente sin que no medie una autorización con los Estados Unidos Mexicanos”, aseguró Eunice Mendizábal, fiscal a cargo del proceso de extradición del ex presidente, Alfonso Portillo. “Es un trámite meramente diplomático donde interviene el Ejecutivo para hacer el requerimiento, pero la decisión está en manos del Estado mexicano”, puntualizó.
La funcionaria refirió que el ex mandatario se encuentra en Guatemala debido a que el vecino país accedió a extraditarlo. “Esto como consecuencia de los tratados internacionales que existen entre México y Guatemala”, indicó.
“Tenemos pleno conocimiento de las limitaciones diplomáticas que hay, sabemos que tiene que ser juzgado previamente en Guatemala antes de poder ser extraditado, por ello se requirió una orden de detención provisional con miras a la formal extradición”, agregó Mendizábal.
El ex gobernante fue extraditado de México, donde permaneció por más de 4 años, y se presentó ante la justicia guatemalteca el 7 de octubre de 2008. Dicho proceso tardó 1 año y 11 meses.
Portillo aceptó voluntariamente acceder al requerimiento de los tribunales nacionales, después de que la Suprema Corte de Justicia mexicana rechazó varias acciones presentadas por el ex mandatario para frenar el trámite. El en ese entonces juez quinto de Instancia Penal, Julio Jerónimo Xitumul lo benefició con una caución de Q1 millón. El mandatario depositó tal cantidad con un cheque de caja con lo que recobró su libertad ese mismo día.
Telésforo Guerra, defensor técnico de Portillo, acudió ayer al Centro Administrativo Gestión Penal, a presentar un memorial que pretende dejar sin efecto el proceso de extradición en contra de su cliente. La acción se basa en el Artículo 345 del Código de Derecho Internacional Privado o Código Bustamante, el cual establece que “los estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos estará obligada a juzgarlo”.
El abogado argumentó que el mismo código internacional establece que los delitos imputados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de ninguna forma habrían sido cometidos en esa nación. “Para conceder la extradición es necesario que el delito se haya cometido en el territorio del Estado que lo pida”, reza el documento. “No tienen como demostrar que mi cliente envió dinero a Estados Unidos”, agregó. También dijo que en el tratado en mención quedan exentos de ser extraditados los jefes de los otros Estados y aunque Portillo ya no es presidente, los delitos imputados, supuestamente habrían sido cometidos cuando este tenía calidad de Jefe de Estado.
Lo cierto es que tanto la defensa como la Fiscalía Especial coordinada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), coinciden en que el ex gobernante debe ser juzgado previamente en el país para poder posteriormente, y si México lo autoriza, ser enviado a Estados Unidos. Actualmente Portillo enfrenta a la justicia por el delito de peculado, sindicado de desviar Q120 millones del Ministerio de Finanzas al Ministerio de la Defensa. No obstante el proceso se encuentra paralizado por varias acciones interpuestas, lo que ha impedido que se abra a juicio en su contra.
Eduardo Stein, ex vicepresidente y ex canciller, indicó que aunque no es experto en el tema, Portillo debe ser juzgado en Guatemala, previo a ser enviado a Estados Unidos. Reconoce que la redacción del tratado de extradición suscrito por ambas naciones no es contundente en ese sentido. “Políticamente pareciera que la justicia guatemalteca encontró muchos obstáculos para juzgarlo y por ello las causas no prosperaban, tuvo que haber una acción externa para que el trámite se agilizara”, se lamentó.
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