Dicen que el caso Portillo pone a prueba el sistema de justicia en el país.
En los últimos días he escuchado ese sainete por doquier y, a decir verdad, al principio no reparé en el significado del comentario. Observaciones como esa ya forman parte de nuestros lugares comunes, igual que “sólo en Guate”, “aquí los muertos acarrean la basura” o “los patos les tiran a las escopetas”.
Pero como la gente lo sigue repitiendo, quizá vale la pena reflexionar en la expresión de moda.
¿Será que la administración de justicia en nuestro país tiene que pasar una prueba más? ¿Será siquiera que la aguanta?
¿Le daríamos a un diabético un pastel de esos obscenos, de cajeta con turrón, a ver si de pronto lo metaboliza bien y no entra en coma?
No hace falta ser experto para entender cuál es el estado de salud de la justicia: nuestras instituciones se encuentran colapsadas.
Tenemos 6 mil 500 asesinatos al año y 98 por ciento de impunidad. Hay balaceras en los buses a diario, llevamos más muertas que Ciudad Juárez y tenemos regiones completas bajo el control de las mafias. Linchamos en las aldeas, linchamos en la universidad y estamos a dos grados de separación de su atento servidor, el sicario.
Decir que la extradición de Alfonso Portillo pone a prueba a la fiscalía y las cortes pone nuestra esperanza en lograr una excepción, como si un solo proceso y una sola sentencia pudieran hacer que la impunidad desapareciera. Se nos olvida que detrás del caso Portillo hay una presión colosal que no viene de dentro de esta sociedad. Se nos olvida que cuando el ex presidente vino extraditado hace un año, ya traía en la mano un cheque por el monto de la fianza que iban a imponerle, sin mencionar que pasó un año tan campante, haciendo campaña política, antes de que la vida se le pusiera difícil.
La justicia en nuestro país ya ha superado otras pruebas, de esas que nos gusta calificar de emblemáticas, pero luego sucede lo mismo: la atención que se le da a un caso “de alto impacto” no se replica para el resto y entonces los números de la violencia y la impunidad siguen creciendo porque los criminales se saben a salvo.
La pregunta no es si la justicia podrá procesar a Portillo, pues si la Fiscalía de Nueva York quiere llevarse al ex Presidente es muy probable que lo logre.
La pregunta es qué vamos a hacer nosotros para quebrar las estructuras que sostienen la corrupción y la impunidad, si como sociedad tenemos lo que se necesita para rescatar a nuestro país, para dejarnos de poses y lamentos y someternos a la ley, sin excusas ni excepciones.
Hasta ahora, los avances que hemos logrado han sido fruto de conmociones casi telúricas: la partera de la CICIG fue un escándalo, igual que lo fue el de la Ley de Comisiones de Postulación. Pero cuando no hay eventos que sacuden el país, la agenda de reforma para la seguridad y la justicia se hunde en ese pantano tibio de la corrupción orgánica donde todo se atranca, sin importar los consensos alcanzados, la palabra empeñada, el compromiso firmado.
Quienes estamos a prueba para cambiar esa realidad somos nosotros los guatemaltecos, la sociedad entera. Está a prueba la elite, que con un soplido resbala al abismo. Están a prueba los políticos, que no pueden seguir erigiendo partidos desechables y está a prueba la población en general, que ya no puede vivir entre la indiferencia y el miedo.
Ya otras veces hemos desperdiciado momentos decisivos, como la firma de la paz en 1996 o la del pacto fiscal, en 2000.
Preferimos concentrarnos cada uno en su ombligo, en su propio mundito personal. Así nos alcanzó otro lugar común que hace años se repetía en cada esquina y que curiosamente, ya nadie menciona, ahora que la profecía se cumplió: el del estallido social.
No podemos seguir así. Los refugios se nos están agotando. ¿Alguien ha visto imágenes de las calles de Mogadishu? Eso nos espera si no entendemos que aquí cada uno está a prueba, que el rescate del país nos toca a todos, no sólo al fiscal, al juez o al candidato. Vea www.dinafernandez.com
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