Y su repercusión política en el país.
Fernando Andrade Díaz-Durán
En política no hay nada escrito, y ciertos acontecimientos inesperados pueden cambiar el escenario nacional. El ex presidente Alfonso Portillo había eludido con éxito la acción de la justicia en México y Guatemala en repetidas ocasiones, de lo cual, dicen, que se ufanaba. Pero todo tiene un término y ahora le correspondió al gobierno americano emitir una orden de captura a nivel internacional, pedir la colaboración de la Interpol y solicitar la extradición del ex presidente para responder a la justicia estadounidense y ser juzgado en un tribunal de Nueva York por distintos delitos federales: fraude, lavado de dinero proveniente de nuestras arcas nacionales y conspiración para delinquir. Lo impensable ha sucedido, y después de una persecución que se prolongó varios días, fue aprehendido en la nueva Punta de Palma, en la bahía de Amatique, Izabal, cuando se aprestaba a embarcarse rumbo a Belice para poner mar y tierra de por medio y una vez más esfumarse y esperar tiempos mejores.
Estamos ciertos que el proceso penal abierto en su contra por el Ministerio Público, y que ya se ha prolongado por más de un año, debe concluir para después ser debidamente extraditado. Esto llevará cierto tiempo, pero ahora no puede ampararse en una fianza para regresar muy campante a sus dominios. Los guatemaltecos esperamos que la justicia sea pronta y cumplida, y que el sindicado, como lo establece el régimen de legalidad, goce del derecho a la legítima defensa.
La CICIG nuevamente se apunta un logro trascendental en nuestro país para restaurar el Estado de Derecho, ya que en su calidad investigativa contra el crimen organizado y como parte adhesiva del Estado, en este caso, fue determinante para la aprehensión del presunto delincuente. Algo sin precedente en la historia reciente de Guatemala y el sistema judicial parece que empieza a sacudir la modorra tradicional encubridora de crímenes, en el país de la eterna impunidad. El Gobierno de la República tiene la obligación de velar porque se cumpla la ley sin privilegios de ninguna naturaleza y que se salvaguarde la integridad física de Portillo, mientras se dilucida su caso.
Hay que señalar que en el ámbito político nacional, el alejamiento del ex presidente significa un duro golpe para el partido de la Unión del Cambio Nacional –UCN–, y en particular para su máximo dirigente Mario Estrada, cacique indiscutido de Jalapa y personaje de influencias en el Oriente del país, ya que este contaba con el incondicional respaldo de Portillo, en su próxima campaña presidencial. Pero así son las cosas y ahora se verá obligado a replantear su estrategia y a buscar otros apoyos. También el partido oficial –la UNE– sale afectado con lo ocurrido. Cabe recordar que Mario Estrada y la UCN fueron claves en el triunfo de Colom en la segunda vuelta, ya que le dieron, por lo bajo, más de 125 mil votos adicionales, que revirtieron la tendencia del electorado en lugares importantes. Así lo reconoció el propio presidente Colom, cuando acudió a la casa de Mario Estrada en Jalapa a los pocos meses de su toma de posesión a agradecer el apoyo invaluable que le habían brindado. Los estrategas de la UNE y de Sandra de Colom siempre han considerado la alianza con la UCN como indispensable en las próximas elecciones para una segunda vuelta, y por ello la pérdida de Portillo, fogoso orador populista con la aureola de abogar por los pobres y marginados, es sensible en estas circunstancias.
También resulta afectado un sector de la izquierda proveniente de la insurgencia que no tuvo escrúpulos ideológicos para aliarse con el gobierno del FRG, y que tiene su peso específico dentro del actual gobierno. Por eso se debe seguir de cerca el desenvolvimiento del juicio de Portillo, porque se pueden producir revelaciones que pongan al descubierto las tramas y los entretelones de los poderes ocultos que tanto inciden en el quehacer político nacional.
Este nuevo año lo inició el gobierno al proclamar una apertura a los distintos sectores de la sociedad civil organizada, con el propósito de propiciar un diálogo que abra la posibilidad de acuerdos nacionales en lo fiscal, económico y social, y poner énfasis en el tema de la seguridad, que también implica corrupción y narcotráfico. Por ello, lo de Portillo incide y no puede ser ignorado.
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