La iniciativa busca tipificar y sancionar a funcionarios por tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones.
La Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, que tiene dictamen favorable en el Congreso desde el 17 de noviembre de 2008 por la Comisión de Legislación, está integrada por 3 iniciativas que tienen como objetivo tipificar los delitos cometidos por funcionarios o empleados en contra de la Administración Pública, siendo estos enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones.
Las sanciones establecidas en la ley van de 5 a 10 años de prisión y las multas oscilan entre Q50 mil y Q500 mil, dependiendo del delito cometido.
Los ponentes de la iniciativa utilizan como base los datos del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial del Organismo Judicial (Cenadoj), en donde se indica que de 2005 a 2007 se han emitido sólo 94 sentencias condenatorias por los delitos de cohecho pasivo, peculado, malversación, concusión y fraude.
En la actualidad, la ley se encuentra incluida dentro de la agenda de la mesa de seguridad y justicia instalada en el Congreso, sin embargo, el poco avance que se ha tenido en el tema ha impedido su traslado al pleno.
Los bloques parlamentarios se pronuncian a favor de la aprobación de dicha ley y coinciden en que el retraso de la misma se debe a la falta de consensos, problemas en la agenda y falta de voluntad política.
Rubén Mejía, Bancada Guatemala
“Nuestra bancada ha pedido que se agende y se empiece a conocer para trasparentar las actividades económicas del país, lo que falta es voluntad política”.
Leonel Soto Arango, UCN
“Creemos que es una de las leyes que va a permitir transparentar más la gestión pública”.
Jaime Martínez Lohaiza, Gran Alianza Nacional (Gana)
“Es importante porque vamos a contrarrestar la corrupción y vamos a dar con quiénes son los que hacen las barbaridades en el país”.
Walter Félix, URNG-Maíz
“Dicha iniciativa sería de gran utilidad para erradicar negocios ilícitos y la impunidad fiscal”.
NinethMontenegro, Encuentro por Guatemala
“La ley es indispensable para saber con cuánto patrimonio inicia una persona su gestión pública y con cuánto termina”.
Víctor Manuel Gutiérrez Longo, UNE
“Es fundamental la transparencia. El enriquecimiento ilícito en Guatemala sólo ha originado daño”.
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