Talparece que tanto el sector privado como el Gobierno han decidido que el diálogo tiene un objetivo concreto: repetirse cara a cara los mismos discursos de siempre. Detrás de los discursos se oculta la verdadera desavenencia fundamental: el Gobierno demanda mayor compromiso tributario del sector privado, mientras el sector privado no quiere pagar más impuestos a un Gobierno que no es de su simpatía.
La traducción al lenguaje de la política es simple: más recursos para el Gobierno pueden apuntalar la popularidad de un eventual candidato oficial, mientras que uno incapaz de cumplir sus promesas puede enterrar las posibilidades de continuidad por parte de la UNE. Sin embargo, la verdad es que un gobierno fuerte fiscalmente no siempre es un Gobierno logra re-elegirse (pregúntenle a Arzú y Berger en 1999). Así que entre fiscalidad y política hay un vínculo, pero no necesariamente positivo y lineal.
Lo que sí es seguro es que un fracaso del diálogo nos lanzaría a un camino peligroso de confrontación nacional. Evitar este escenario dantesco significa impulsar acuerdos mínimos que, sin resolver las diferencias ideológicas, le permitan al país ver la luz al final del túnel.
Partir de ese marco, un resultado positivo y viable para el diálogo actual sería que el sector privado y el Gobierno acuerden un fortalecimiento fiscal a partir de un pacto de reactivación económica. Esto significa fusionar la mesa de reactivación con la mesa fiscal a fin de encontrar escenarios de ganar-ganar donde el sector privado se fortalezca lo mismo que el financiamiento fiscal del Estado. Un complemento óptimo para dicha propuesta sería que el presupuesto tenga como fin principal apuntalar programas sociales más transparentes. Es cierto que la figura de la Primera Dama es precisamente uno de los motivos de discrepancia política, pero también es posible impulsar una política social en un marco ganar-ganar, donde el sector privado comparta con el Gobierno el crédito por apoyar programas sociales con mayor institucionalidad.
Ideas para hacer que el país avance abundan. Y ninguna implica que el Gobierno o el sector privado renuncien a sus intereses políticos. Pero hay que dejar que la política electoral juegue su papel en el momento de las elecciones, no antes. El país pierde la esperanza si los actores políticos privilegian la confrontación frente a la búsqueda del bien común. Y un país desesperanzado puede ser la antesala para un país radicalizado y conflictivo. En ese escenario, sin duda alguna, todos perdemos.
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