Fue oportuno que el diario Siglo Veintiuno revisara los gastos de viaje del recién estrenado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Erick Álvarez, en una de sus primeras salidas al exterior. Álvarez gastó poco más de US$15 mil para ir a Brasil, acompañado por su asistente, por un viaje que se extendió tres días más de lo necesario. Se trataba de un viaje preparatorio para una reunión de presidentes de Cortes Supremas a realizarse en Uruguay.
Pese a que los anfitriones corrían con los gastos de hotel durante las fechas del evento, el Presidente de nuestra Corte, que cobró viáticos por todos los días que duró su periplo, no ha hecho devolución alguna de fondos.
Molesto por las críticas, el magistrado Álvarez ha dicho que no piensa dar explicaciones al respecto y ha partido de nuevo en un viaje hacia Santo Domingo, ahora acompañado por un colaborador del Organismo Judicial.
Se trata de una actitud inaceptable de un magistrado que apenas acaba de ser electo para integrar una Corte llamada ya no sólo a inspirar confianza en que el sistema judicial guatemalteco puede mejorar, sino a concretar esos cambios tan pronto como sea posible. Y es poco lo que se ha visto al respecto.
El mensaje que el magistrado Álvarez envía a la sociedad es negativo porque supone la confirmación de que en el Organismo Judicial no ha cambiado casi nada.
Al tiempo que él se niega a ofrecer un informe que despeje las dudas sobre la pertinencia de sus gastos, se conoce que otros magistrados han hecho que el Organismo erogue hasta Q200 mil para remodelar sus despachos. Y se conoce también que la juez que lleva el caso Rosenberg ha devuelto el vehículo blindado que le fue proporcionado debido a la carestía de fondos para financiar el combustible de este auto. ¿Qué prioriza entonces la cúpula del Organismo Judicial? ¿Hay fondos para remodelar despachos o para agasajarse dos o tres días extra en Brasil pero no los hay para pagar la gasolina de un carro blindado para una juez expuesta a riesgos?
En el fondo de la discusión se encuentra un tema de gran relevancia para el Estado, ¿cómo pueden los ciudadanos confiar en que el dinero que aportan para financiar a las instituciones es bien utilizado? Este es un país harto de ejemplos de personajes que, al ejercer la función pública, se aprovechan de su cargo para beneficiarse a sí mismos. Una parte de la falta de lealtad al Estado se funda en estas razones.
Y eso justamente es lo que refleja, en tanto no ofrezca una explicación que demuestre lo contrario, el Presidente de la Corte. Su silencio sólo fortalece la idea de que el sistema está hecho para favorecer a quienes lo dirigen y que poco les importa que alguien piense lo contrario.
De acuerdo con los liberales extremos, la corriente ideológica que tanto se afana por influir el pensamiento de la elite guatemalteca, es contrario a la naturaleza humana pensar que un hombre o una mujer con acceso al manejo de los fondos públicos se abstenga de buscar su provecho personal e incluso llegarán a anteponerlo al interés común. Y es cierto que la naturaleza humana suele actuar de esa forma. Pero una sociedad organizada establece límites para impedir que los encargados de las instituciones abusen de estas.
Esos límites deben ser congruentes con la situación del país al cual se sirve. ¿Debe regalarse tres días extra en un bonito destino el Presidente de la Corte a costa de los contribuyentes? ¿Debe viajar en clase económica o hacerlo en clase ejecutiva? ¿Debe asistir a todas las invitaciones que se le hagan o sólo a aquellas esenciales para el buen desempeño de su función? Y a la hora de priorizar, ¿debería el Presidente de la Corte viajar tranquilo a sabiendas que una juez corre riesgos y el Organismo que él dirige le regatea hasta la gasolina?
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