Antes de inaugurar el primer “aireador” frente a la playa pública de Panajachel, el presidente Colom y su esposa revisaron los compromisos del Gobierno.
Comienza a amanecer alrededor del lago de Atitlán. Un grupo de personas de las diferentes comunidades de alrededor del lago, en su mayoría mujeres indígenas y miembros de Cocodes, esperan la llegada de la comitiva oficial, integrada por el presidente Álvaro Colom, su esposa Sandra Torres de Colom y funcionarios de instituciones como la Autoridad para el Manejo Sostenible de la Cuenca del lago de Atitlán, Ministerio de Agricultura, Fonapaz y el Ministerio de Ambiente. Mientras, grupos de niños nadan metros abajo, en las orillas del lago.
¿Y los rótulos que decían “prohibido nadar”? “La gente los quitó”, dice Juan Santiago, uno de los 50 lancheros que tienen parqueadas sus embarcaciones en la playa, a la espera de mejores tiempos. “La información que se dio sobre el lago los perjudicó mucho, son comerciantes”, agrega.
Las ventas, no sólo de pescado, sino de casi todo se han reducido, en Panajachel y en las comunidades alrededor del lago. “Todas las comunidades están sufriendo por la baja en el turismo”, dice Mónica Berger, de Atit’ Ala’, organización no gubernamental local. “En San Juan La Laguna las ventas de artesanía cayeron al 25 por ciento”, afirma.
La llegada de Colom y su comitiva a la playa pública se retrasó, pues se encontraban desde temprano reunidos con el movimiento de la sociedad civil denominado Todos Juntos por el Lago para revisar los progresos en los puntos acordados 15 días antes entre Gobierno y sociedad civil.
De una matriz muy extensa acordada el año pasado entre el Gobierno y la sociedad civil de Atitlán, ayer fueron revisados 13 puntos en distintas áreas: acuerdos sociales, agrícolas, institucionales –normativos y de infraestructura–.
Entre los más importantes, según Iván Azurdia de Atit’ Ala’, el que Infom y Fonapaz presentarán en el corto plazo: los diseños de los sistemas de bombeo, abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales para los “cuatro municipios priorizados” (que son los que extraen y regresan el agua del lago).
También se enfatizó la importancia de socializar el Acuerdo Gubernativo que contiene el Reglamento de Vertidos para Cuerpos Receptores de la Cuenca del Lago, en todos los municipios del lago. Este acuerdo obliga tanto a las municipalidades como a dueños de chalets y hoteles a tratar sus aguas residuales, y se abrirá una oficina del Ministerio Público para recibir denuncias de quienes lo incumplan próximamente.
“Ya se ve una dirección en torno a los problemas del lago. Liderazgo y voluntad política”, menciona Azurdia. Es como una “luna de miel” entre instituciones, sociedad civil y comunidades que “ojalá perdure”, refirió el representante de Atit’ Ala’,
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