Los señalamientos afloraron ayer en contra de Elder Martínez quien fue trasladado al Consejo de Cohesión Social Urbano.
“Nos gastamos nuestros ahorros, casi todo lo que teníamos. No sabíamos cómo funcionaban las cosas hasta que empezamos a trabajar con Fonapaz. Nos exigieron hacer pagos en efectivo para liberarnos los cheques de pago. Adentro de las mismas oficinas hay un banco para cambiar el efectivo”. Son las palabras de la copropietaria de una pequeña constructora que ha obtenido algunos contratos con el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).
“Ojalá podamos tener evidencia del pago de comisiones en Fonapaz o en cualquier otra institución. Pero investigaremos los procedimientos y los actores responsables. Si Martínez está dentro del esquema administrativo estará sujeto a investigación”, dijo el contralor general de Cuentas, Carlos Mencos.
Sin embargo, para el director de esa institución, Jairo Flores, señalamientos como estos provienen de “dueños de ONG molestos” porque les fueron retirados los contratos. Fuentes del Congreso aseguran que el cobro de estas comisiones motivó el traslado de Elder Martínez –hasta el miércoles el segundo de abordo en el Fondo– al Consejo de Cohesión Urbano. Señalamientos que Flores rechaza en contra de quien asumió como Subsecretario de Coordinación Ejecutiva, cuando él lo hizo como Secretario en enero de 2009. Anteriormente Martínez, ingeniero de profesión, había sido interventor de Fegua.
No son las únicas denuncias en contra de Fonapaz. En una conversación telefónica con Mencos confirmó que la institución a su cargo sigue la investigación de tres denuncias: la primera es la solicitud de una auditoría general que Flores asegura haber solicitado. Pero a la que el jefe de la Contraloría se refiere es la de un denunciante anónimo que señala anomalías en varios de los proyectos. La segunda es por el cobro entre el 3 y el 5 por ciento del sueldo a los empleados. Las restantes piden indagar a las ONG Coprodesgua y Adefaco.
“Todos los que denuncian es porque vieron afectado un gran negocio…es normal que los constructores estén inconformes y que traten de desacreditarnos”, insiste Flores. “Cualquiera que haga una acusación de este tipo debe acudir al Ministerio Público”.
Acerca de los descuentos al salario de los empleados, Flores devolvió la llamada por segunda vez para explicar que a finales de julio giró una nota a la oficina de Recursos Humanos en la que aclaraba que en caso de existir cualquier cobro hecho por su antecesor Obdulio Solórzano “se notificará que no había ninguna obligatoriedad”. Se trató de hablar con Martínez pero no contestó las llamadas.
Otras versiones apuntan a que la salida de Martínez obedece a una pugna por el control de la Metropolitana del partido oficial que domina Roberto Alejos o la Secretaría departamental a cargo de Christian Boussinot.
“¡Nada qué ver! Yo tengo tres meses de no hablar con el Presidente”, dijo Boussinot. Alejos también rechazó esta versión.
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