De Fiscal General, a marioneta.
Acisclo Valladares Molina
El próximo Fiscal General de la República habrá de fracasar, sea quien sea, puesto que la autoridad del Fiscal General se encuentra minada por la propia ley, una ley, la del Ministerio Público, que nos fuera legada por los diputados “depurables”, diputados que quisieron ¡cuándo no! que la institución no funcionara.
Fue así como surgió la abominable aberración inconstitucional que se denomina “Consejo del Ministerio Público” ¡auténtica oda a la mediocridad más absoluta! Un engendro jamás contemplado por la Constitución de la República que hace del Fiscal General, su único jefe –y que fuera creado el engendro– por una ley ordinaria, ley que lo integra ¡para ajuste! con siete miembros, entre ellos ¡menos mal! el Fiscal General. De los otros seis, tres designados por el Congreso, flagrante violación constitucional puesto que cabe preguntar ¿en qué parte de la Constitución Política de la República se confiere participación alguna al Congreso, en esta institución?, entidad, el Congreso ¡sigue el colmo! que debe escogerlos de entre de aquellos que –de la nómina de los seis propuestos para el cargo– no hayan sido designados. En otras palabras, de entre los cinco contendientes –derrotados– del Fiscal General que se designe –contendientes que– dicho sea de paso ¡púchica! podrían sucederle ¿se imagina usted las moviditas de alfombra en su mandato?
Los otros tres ¡increíble, pero cierto! son electos –de entre fiscales– por la asamblea de fiscales, siendo el caso que el supuesto jefe el Fiscal General –en gozando de la potestad disciplinaria– puede sancionar a un fiscal, por ejemplo, pero, sus medidas –las medidas disciplinarias que imponga– se pueden revocar por el Consejo. En otras palabras, por sus tres contendientes derrotados, los que aspiran, suspiran ¡humano es! –por sucederle– y por los otros tres miembros del Consejo, compañeros de trabajo –nada menos– del fiscal que se sanciona. Hoy por ti, mañana por mí… ¿No queda claro?
¿Quién es, a su juicio, el jefe, amigo lector? ¿Aquel que tiene la potestad de imponer una sanción o el que puede revocarla?
El Fiscal General dejó de ser el jefe del Ministerio Público –tal la “gracia” de los diputados “depurables”– y por eso, llegue quien llegue, habrá de fracasar, minada su autoridad de dirigirlo. La Ley Orgánica del Ministerio Público convirtió al Fiscal General, en marioneta. ¿Podemos ser tan ciegos de no verlo?
¿Existe el “Consejo”, acaso, del Attorney General, en Estados Unidos de América? ¿Podría imaginarse a Robert Kennedy, sometido a un “Consejo”? ¿A Janet Reno? ¿Dónde existe “Consejo” semejante”?
Me temo que exista en todo esto –además– algo de maligno que ha sobrepasado, incluso, a los propios depurables: El ansia de meter las manos en la institución, y de influir en ella, por parte de los sectores políticos y sociales, resistentes todos –incluso sin darse cuenta– a que no tenga el Fiscal General otro jefe, que la ley. A través del “Consejo”, políticos y sectores sociales –quizá con la buena fe más absoluta – ajenos a las intenciones de los depurables– quisieran influir, para bien ¿a través del atropello de la Constitución de la República? pero no se percatan de que, minado el Fiscal General –resquebrajada la jerarquía constitucional de mando– la institución no puede funcionar con eficiencia.
Minada la autoridad del Fiscal General ¿quién es el responsable? Preocúpense, quienes se preocupan por la suerte del Ministerio Público, o dicen preocuparse, porque el próximo Fiscal General pueda manejarse en el ámbito constitucional que le corresponde, eliminadas las normas inconstitucionales que determinan su fracaso porque, si no es así, sostenido el inconstitucional andamiaje que denuncio, habrá de fracasar, llegue quien llegue. ¿No lo entienden?
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