Un grupo de universitarios intentó localizar a los hijos de las mujeres que murieron de forma violenta en los últimos tres años. Lo que encontraron fue peor de lo que supusieron. Los niños no sólo viven sin madre. Muchos se quedan a la deriva, se pierden del mapa, nadie pregunta por ellos.
Paola Hurtado
La asesinaron en un bar de la zona 6. No era prostituta. Tampoco pandillera ni narcotraficante. Era la agente de seguridad del lupanar desde hacía un mes, se llamaba Gladys y no le dio tiempo de detonar su arma. Dejó seis hijos hambrientos y sucios, un esposo deprimido y una casa a orillas del barranco que se cae en pedazos.
Viven cerca de las pestilencias del basurero de la zona 3, en un terreno escabroso con vista a los osarios del Cementerio General. Su casa es una guarida de gatos peleoneros: los niños riñen todo el día mientras el padre trabaja como albañil en el camposanto. El hombre de 59 años está demasiado ensimismado para que le importe que los niños llegan a la escuela con los piojos colgando, arrastrando los zapatos rotos y la ropa raída. O que cuatro de ellos no existen legalmente porque nunca fueron inscritos en el Registro Nacional de Personas. O que la niña mayor, la que asumió el rol materno a sus 15 años, se sienta en el pupitre con las manos apretándose el vientre y cubriéndose los genitales, y se mantenga sola y enojada con el mundo.
“Es urgente la atención psicológica. Posible abuso sexual”, se lee en el informe sobre la niña. Es el reporte que las dos trabajadoras sociales rindieron después de visitar a la familia para determinar la situación en que vive después de la muerte de la madre. El estado de la niña no era el único preocupante. La hermana de 7 años y el niño de 8 padecían de infección urinaria y anemia. La de 12 años sufría de amenorrea y la de 13, de infección de oído y tos recurrente.
La familia de Gladys es uno de los 29 expedientes de mujeres que murieron de forma violenta y a cuyos hijos investigó un grupo de 10 alumnas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos (Usac).
Las universitarias recibieron el encargo de la oficina de la Comisionada Presidencial Contra el Femicidio de presentar un diagnóstico psicosocial y económico de las víctimas colaterales de los casos de femicidio en el departamento de Guatemala. Trabajaron con base en un listado proporcionado por el Ministerio Público (MP) de mujeres que fueron asesinadas entre 2007 y 2009. La investigación se realizó entre octubre y noviembre de 2009 y los resultados fueron presentados la semana pasada.
Los casos provinieron de las 4 agencias de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida encargadas de investigar los delitos que atentan contra las mujeres. Entre 2007 y 2009 la Policía Nacional Civil (PNC) registró más de 2 mil homicidios de mujeres.
Sin embargo, el listado que el MP proporcionó a los investigadores a través de la oficina de la Comisionada se limitó a 29 expedientes por ser las únicas víctimas del departamento de Guatemala, que la Fiscalía tenía certeza de que eran madres y contaba con una dirección para localizar a sus familiares. Todos los procesos estaban en fase de investigación.
A partir de esa lista, Elsa Arenales, coordinadora del departamento de extensión de la Escuela de Trabajo Social, repartió el trabajo entre una decena de estudiantes.
El listado se redujo a 23 casos después de descontar 6 que no correspondían al departamento de Guatemala. Luego el MP les remitió 16 más pero eran los mismos de la lista inicial con excepción de dos. Después de dos meses de búsqueda sólo fue posible localizar a los hijos de 9 mujeres asesinadas, 25 niños en total.
Lo que encontraron las investigadoras sobrepasó sus prudentes expectativas. Ninguno de estos 25 menores, determinaron, vive en condiciones aceptables. Todos requieren de atención psicológica. Muchos viven en situaciones desastrosas: niños enfermos física y emocionalmente, separados de sus hermanos y familiares cercanos, malnutridos, sucios, tristes. Pequeños que fueron arrancados de sus viviendas (algunas aún permanecen acordonadas con la cinta amarilla del Ministerio Público) y, en algunos casos, fueron testigos del asesinato de su madre.
La muerte de estas madres no sólo resquebrajó el núcleo familiar. Provocó, en el mejor de los casos, que sus familiares asumieran la responsabilidad de sus hijos y pasaran de la pobreza a la pobreza extrema. Los pequeños con menos suerte quedaron en manos de parientes lejanos, conocidos o vecinos sin que mediara ningún trámite legal o registro de en manos de quién están. Hay hijos de mujeres asesinadas que se convirtieron en pandilleros. Y eso que sólo se trata de nueve casos. La pregunta que Elsa y sus investigadoras se hicieron fue: ¿y cómo estará el resto?
Alba Trejo, comisionada presidencial contra el Femicidio, se preguntó qué pasaba con los hijos de tantas mujeres que matan en el país. Más de 4 mil mujeres han muerto de forma violenta a partir de 2001, cuando se empezó a llevar el conteo. Según la Policía Nacional Civil, 722 mujeres murieron en 2008 y 716 en 2009. Eso equivale a casi 2 mujeres por día.
En el país se han hecho más de 70 estudios sobre las muertes de mujeres, expone Trejo. La mayoría de ellos fueron financiados por la cooperación internacional y profundizan sobre quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios.
Pero nunca se ha estudiado a fondo a las otras víctimas de estas muertes: los niños.
Trejo enviudó en junio de 2008. El padre de sus hijas, el entonces ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, murió trágicamente al precipitarse el helicóptero en el que viajaba junto con su Viceministro de Petén a la capital, un accidente que aún no ha sido esclarecido. Percatarse de que su caso se replica a diario, para cientos de familias, motivó a la ahora funcionaria a promover un diagnóstico de qué está pasando con los hijos de las mujeres asesinadas: ¿qué pasa cuando se rompe de esta manera el tejido social? ¿y qué estrategias integrales se deben definir para atenderlos?
La Escuela de Trabajo Social aceptó colaborar con el proyecto. Los hallazgos del informe preliminar fueron presentados la semana pasada a los periodistas, instituciones relacionadas con la niñez y representantes de la cooperación internacional.
Una de las conclusiones de esta primera entrega del estudio, explica Trejo, es que aunque en el país existe un protocolo de atención a los niños en situación de riesgo este no se aplica para los hijos de las mujeres asesinadas. No hay una instancia que se encargue de detectarlos, registrarlos y darles seguimiento. Los pequeños quedan a la deriva y no se sabe con exactitud en manos de quién. Ninguna institución está prestándoles atención psicológica ni médica. No hay estudios que determinen si las personas que se quedan bajo su cuidado tienen la capacidad de hacerlo. Los niños rara vez forman parte de los expedientes de sus madres asesinadas –prueba de eso es el reducido listado que remitió el MP– y cuando sí figuran nadie asume la responsabilidad de seguirles el rastro. No atender a estos pequeños los sitúa en el alto riesgo de perpetuar la violencia de la que fueron víctimas.
Los primeros hallazgos de las trabajadoras sociales fueron que en las direcciones ya no vivía nadie que pudiera dar razón por la familia de la mujer asesinada. O al menos así se los informaron los nuevos inquilinos de las casas y vecinos. El miedo de hablar fue una situación recurrente. En otros casos –los menos– sí encontraron en los alrededores información sobre el paradero de las familias y preguntando y preguntando consiguieron dar con nueve casos.
Las investigadoras trabajaron en parejas y los casos pertenecían a barrios populares o marginales. Para los adultos utilizaron cuestionarios de preguntas abiertas; y a los niños los sometieron a dos pruebas que revelaran su estado emocional: les pidieron dibujar un árbol y a su familia. El primero refleja cómo se siente el niño; el segundo, cómo se siente dentro de su familia.
“A mi mamá la mataron”, contó con normalidad una diminuta niña que dibujaba a su madre. Un niño que vive en la zona 5 y que se había negado a pintar aceptó a conversar varias horas con Liliana Ortega, la trabajadora social. De pronto soltó: “Es que mi papá mató a mi mamá”.
Ninguno de los niños encontrados había recibido atención psicológica. Ni siquiera el pequeño de 8 años a cuya madre y abuela masacraron los pandilleros en la zona 18.
“Todos los casos nos impactaron, pero algunos rebasaron lo que creíamos posible de encontrar”, cuenta Arenales, la coordinadora del proyecto. De dos niñas tienen sospechas de que están sufriendo abusos sexuales. Hay un menor que está en manos de sus abuelos que podría padecer de retraso mental y no está recibiendo la atención necesaria. Y hay dos chicos que ya recibieron impactos de bala y quedaron gravemente dañados, presuntamente por su participación en pandillas.
Una de las quejas más frecuentes que detectaron las investigadoras con las familias de las mujeres asesinadas fue que el caso no había sido resuelto. “Aquí nadie había venido a preguntarnos nada. Usted es la primera”, le relató una familia a Ligia Zavala.
El cuadro más frecuente que encuentra el MP cuando se investiga el crimen es que los huérfanos quedan en manos de abuelas o tías. Y en muy pocos casos con los padres o hermanos mayores, cuenta un agente fiscal.
Aunque la mayoría de familia tiene las mejores intenciones de hacerse cargo de los huérfanos no todas están en la capacidad de hacerlo, advierte Arenales. La trabajadora social plantea la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de llevar un control de qué sucede con ellos. “No estamos planteando que se institucionalicen, no, pero sí que se sepa en manos de quién quedan y si esa persona tiene los recursos económicos y afectivos para hacerse cargo de los niños”, plantea.
A raíz del estudio se propuso la creación de una clínica que brinde atención integral y gratuita a las víctimas colaterales de las muertes violentas de mujeres (incluyendo a los adultos afectados por la muerte de la mujer). Esta debería contar con médicos, psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas. Estuardo Gálvez, rector de la Usac, asegura que esta unidad podría empezar a funcionar en abril en el antiguo Paraninfo Universitario, zona 1, y estaría a cargo de estudiantes que cursan la práctica supervisada y profesores.
Actualmente, la Unidad de Psicología de la Escuela de Trabajo Social de la Usac le da terapia a tres de los niños que fueron objeto de estudio, pero no está en la capacidad de atender a todos.
Según un estudio presentado por el Ministerio de Gobernación en 2008, el 61 por ciento de los femicidios en la capital son producto de la violencia intrafamiliar y el 45 por ciento ocurre en la vivienda de las mujeres. El Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar (Propevi) adscrito a la Secretaría cuenta con unidades para brindar atención psicológica, médica y legal a las víctimas de violencia doméstica. Sin embargo, las víctimas colaterales de los asesinatos de mujeres no son parte de la población que atienden Arenales reconoce que estos 25 niños y 9 casos que figuran en el diagnóstico sólo les permitieron asomarse a un problema del cual se desconoce su magnitud. “Esta investigación debe continuar y deben ponerse en marcha medidas concretas”, expone. A partir de este diagnóstico la Escuela se interesó en estudiar qué sucede con los hijos de los pilotos de buses asesinados.
Los dibujos fueron tomados de los expedientes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos (Usac).
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