Una iniciativa de ley sobre la industria cinematográfica ha generado controversia en los últimos días.
Juan D. Oquendo
La Cámara de Medios de Comunicación, la Cámara de Radiodifusión de Guatemala y la Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad (UGAP) publicaron, el 2 de febrero, un comunicado que alertaba sobre la presentación de “una iniciativa de ley que pretende (…) violar la Constitución de la República y establecer una entidad burocrática con la autoridad para censurar cualquier tipo de material audiovisual”. Algo que podría interpretarse como que el Estado estaba creando un mecanismo para el control de imágenes y producciones en los medios de comunicación.
El comunicado se refería en concreto a la Ley de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, propuesta desde 2007 por la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía (Agacine), que se encarga de mantener información y registros sobre los acontecimientos cinematográficos en el país, además de reunir a diversos directores, productores, técnicos y actores de cualquier otra rama relacionada con el cine.
El conflicto medular de la propuesta de ley reside en que “la iniciativa obliga a que antes de iniciar con una producción (audiovisual) se debe iniciar el trámite (de registro)”, dice Gabriel Orellana –representante legal del conjunto de medios– “limitando la libertad de expresión y violando la Constitución”, agrega. La iniciativa dice, en el Artículo 3, de definiciones, inciso b: “Archivo Audiovisual o Cinematográfico: Registro sistematizado de las obras audiovisuales y cinematográficas, nacionales o extranjeras”. De aquí se desprende una lectura que, según la Cámara de Medios, la Cámara de Radiodifusión y la UGAP, “obliga a realizar” dicho registro de una “forma previa” a la publicación del material audiovisual, lo que en suma produciría una censura.
Fue en 2007 que se presentó esta iniciativa de ley que surge de la idea de realizar una “valoración económica de un sector cultural, ahora también económico industrial, en crecimiento”, dice Mariano Rayo, presidente de la Comisión de Economía del Congreso que dio dictamen favorable a dicha iniciativa. En pocas líneas, la iniciativa hace una serie de definiciones relacionadas al cine; propone la creación del Instituto Nacional del Audiovisual y la Cinematografía (Ideacine) y de la Comisión Fílmica Guatemalteca.
Se pretende que a través del Ideacine se incentive a productores nacionales económicamente para la producción de películas y audiovisuales y se den programas de capacitación y formación. Además se busca el resguardo, a través de un archivo histórico, del patrimonio fílmico del país, “material que se está perdiendo en los sótanos del Palacio y el Paraninfo”, afirma Mariano Rayo.
Es este último punto el causante de la polémica, pues para crear un archivo que resguarde la memoria audiovisual guatemalteca, se requiere que los materiales producidos sean registrados en el Ideacine. Para los opositores, la ley obliga a registrar los materiales previo a su producción y difusión, lo que adquiere calidad de censura. Pero, los promotores de la ley aseguran que los fines de la iniciativa son puramente de resguardo a los materiales y el registro de estos es posterior a su producción.
Roberto Díaz Gomar, presidente de Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía (Agacine), explica que “no nos estamos metiendo con la televisión y la publicidad como definición; en todo caso, somos los primeros opositores contra la censura”. A su parecer, el conjunto de medios en contra de la iniciativa han confundido la interpretación de la misma. Mariano Rayo agrega que “realizaron una interpretación extensiva equivocada, en particular cuando la ley contiene la norma de registrar los materiales audiovisuales”. Pero el diputado asegura que “estamos dispuestos a corregir la redacción”, y adelanta que se ha llegado al acuerdo de concertar una reunión esta semana para revisar la iniciativa.
Para Francisco Ralón, director de la Biblioteca Nacional, la idea de resguardar el patrimonio cultural “ya existe conceptualmente, pero no se cumple”. Por ejemplo, “correspondería a la Biblioteca Nacional llevar un registro bibliográfico de todo lo que se produzca (…) y debe tener una copia para colecciones y guardarlo para las futuras generaciones”.
Se refiere a la Ley del Depósito (registro) Bibliográfico, que incluye todo material y producción intelectual, “hasta folletos y pósteres”, explica Ralón. De hecho, Guatemala es de los pocos países latinoamericanos que no realiza un registro bibliográfico.
En todo caso, se debe revisar la iniciativa, “esta es una oportunidad para hacer un registro material serio de la producción intelectual en Guatemala”, finaliza Francisco Ralón.
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