Según la propaganda oficial, el Observatorio Ciudadano del Gasto Público, será un espacio participativo de análisis y cooperación intersectorial para mejorar la transparencia, calidad y eficiencia del gasto público. Si así de simple se solucionan los problemas del país, habría que crear observatorios ciudadanos por miles. De hecho, muchos observatorios han sido creados ya, y a pesar de su positiva labor y los valiosos aportes, muchos problemas se resisten a cambiar. Lo cual es comprensible, nadie espera que mediante la simple observación, denuncia y análisis cambie de un día para otro tan complicadas situaciones. ¿Por qué tendría que ser diferente el caso del Observatorio Ciudadano del Gasto Público? ¿Simplemente porque las autoridades así lo dicen?
Aunque las autoridades digan que “las recomendaciones del Observatorio serán reconocidas por el Gobierno como insumos para la formulación o rectificación de las políticas públicas, programas o acciones que mejoren la calidad del gasto”, cabe preguntarse qué se entiende por “reconocimiento”. ¿Significa que “acatarán como legítima la autoridad o superioridad” del observatorio? ¿Por qué habrían de hacerlo? ¿Acaso tiene el observatorio un lugar dentro de la estructura legal que rige las funciones de los órganos de control? ¿Darán autoridad al observatorio para pedir cuentas a quienes no acaten sus recomendaciones? Nada de esto es nuevo. Instancias con mayor “representatividad y legitimidad” no lograron mayor cosa en este tema en el pasado reciente. El Pacto Fiscal es una de ellas, los compromisos específicos en esta materia fueron los que menos avanzaron mientras estuvo vigente. Eso a pesar que detrás del cumplimiento de los mismos estaba la Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal, la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, Minugua y cientos de organizaciones que acompañaron el proceso. Observaciones y recomendaciones no faltaron, pero sí mecanismos para darle seguimiento; que las decisiones de las instancias del Pacto Fiscal fueran vinculantes.
De esa cuenta, lo más probable es que “reconocer” signifique, en el mejor de los casos, que los funcionarios respectivos solamente “examinaran con cuidado las recomendaciones”. Nada más. Examinar no significa adoptar, mucho menos obedecer. No se diga rendir cuentas o reconocer la autoridad de alguien más. Esperemos que quienes integran el Observatorio aprovechen el lugar y el momento para hacer lo correcto y que sobre todo no olviden que velan por los intereses del pueblo de Guatemala y no de un determinado gobierno, partido político o figura con intereses presidenciales.
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