Que alguien me explique por qué el Gobierno se empeña en tender ese velo de misterio sobre Mi Familia Progresa. Si el propio Ejecutivo debiera ser el más interesado por conseguir que su programa estrella crezca fuerte y sano, ¿por qué lo hace vulnerable de manera deliberada? El presidente Colom ha dicho que es él quien ordena regatearle a los diputados opositores y a la ciudadanía el número de cédula de los beneficiarios del programa y que sigue el consejo de otros gobernantes que le recomiendan esconder esa información para impedir que el programa se politice. Aquí, con la decisión de ocultar ese dato, se propicia exactamente lo mismo que el Presidente dice tratar de impedir.
Por mucho que Álvaro Colom repita que es él quien decide en torno a este tema, la percepción dominante es que es su esposa, Sandra Torres, quien rechaza la transparencia. A ella se atribuye la orden al Ministro de Educación para que decretara una salvaguarda de secreto frente a la Ley de Acceso a la Información.
¿Por qué tanto misterio?, ¿por qué tanta furia de los corifeos de doña Sandra cuando alguien menciona el tema?, ¿por qué incluso se llega a defender el derecho a ocultar ese dato como el equivalente del derecho de los sospechosos de evadir impuestos de proteger su nombre antes de ser vencidos en juicio?, ¿qué batalla se libra en torno al número de cédula de los beneficiarios de Mi Familia Progresa?
Hasta hoy, no hay indicios de corrupción en ese programa. El Contralor de Cuentas, que tuvo acceso a 22 mil nombres y números de cédula, y asistido por un ejército de 60 auditores logró revisar los primeros 14 mil casos, declaró no haber encontrado anomalías reales. El universo total del programa, hasta finales del año 2009, es de 478 mil familias beneficiadas. Aunque 14 mil casos constituyen menos del tres por ciento del total, resultan una muestra suficiente para establecer tendencias.
¿Intenta el Gobierno ocultar que el partido oficial recluta a beneficiarios del programa? Esa iniciativa sería ociosa para la UNE. La inscripción de las personas en un partido no garantiza la lealtad de su voto. Y sobran los ejemplos en Guatemala de cómo ha fracasado cada intento oficial por comprar, mediante fondos públicos, la voluntad de los votantes.
Y aunque el Gobierno guste todo el tiempo de decir lo contrario, quizá para mostrarse como héroe, lo cierto es que el programa de transferencias condicionadas de fondos cuenta con respaldo de prácticamente todas las opciones con poder de triunfo en las siguientes elecciones. Son pequeños segmentos de población urbana, quienes se oponen a esta iniciativa originalmente planteada por el partido Unionista y el Patriota.
Es un despropósito que el debate respecto a Mi Familia Progresa gire alrededor de las sospechas que alimenta la vocación secretista del Gobierno y no en torno a lo que en realidad cuenta. ¿Es eficaz la inversión pública en ese programa para combatir pobreza infantil? ¿Es razonable hacer crecer el programa de los actuales 177 municipios en que opera a los 243 que el Gobierno pretende expandirlo en 2010? ¿Hay sustento financiero en el Estado para llevarlo a ese punto? En cambio, discutimos de los delirios autoritarios del Gobierno.
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