La SAT estima que el contrabando aduanero le cuesta al Estado Q2 millardos anuales. Analistas señalan la ausencia de una política integral para combatir el flagelo.
Louisa Reynolds
Lanchas hechizas que cruzan el río Suchiate cargadas de gasolina y otros bienes transportados ilegalmente desde México –el “contrabando hormiga”– y los llamados “furgones happy hour” –la práctica de ingresar dos vehículos en la aduana con un solo registro– son dos de las aristas más comunes del contrabando.
A diferencia del primer tipo, que se realiza por los 97 puntos ciegos de las fronteras del país, el segundo es más sofisticado y sólo puede ocurrir con la connivencia de funcionarios aduaneros, lo cual implica la presencia de estructuras delictivas enquistadas en el aparato estatal.
Según cálculos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), las diversas formas de contrabando privan al fisco de unos Q2 millardos anuales, cifra que equivale al 6 por ciento de la recaudación total de 2009 y al 20 por ciento de los impuestos recaudados en aduanas (IVA y DAI).
“Se obtiene de nuestros socios comerciales las cifras reportadas como exportaciones a Guatemala, luego se determina el valor de las importaciones reportadas de cada uno de esos países ingresadas a Guatemala y, por diferencia, se establece el contrabando técnico”, explica Raúl Díaz Monroy, intendente de Aduanas.
Al analizar el monto anual de la recaudación fiscal aduanera el hoyo que representa el contrabando no es siempre evidente ya que las cifras se ven distorsionadas por otros factores, como el alza de precio de las materias primas o la crisis económica global, explica Maynor Cabrera, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Cifras de la SAT señalan que en 2008, año en que se disparó el precio mundial del petróleo, los ingresos tributarios sobre comercio exterior ascendieron a Q13.5 millardos, un ligero aumento respecto a los Q13.1 millardos percibidos en 2007.
Entre enero y noviembre de 2009, la cifra bajó a Q10.7 millardos, pero fue un año en que la crisis se reflejó en una caída de los ingresos tributarios de todos los países de la región.
“Hay redes delincuenciales insertadas en las aduanas que sirvieron para combatir la contrainsurgencia durante el conflicto armado y no se desmantelaron”, explica Cabrera.
Las actividades de La Cofradía, una especie de fraternidad interna del Ejército, ha sido ampliamente documentada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y otras organizaciones.
Entre los principales integrantes de este grupo de militares de línea dura se encuentran el general (retirado) Francisco Ortega Menaldo, ex miembro de la inteligencia militar y ex jefe del Estado Mayor Presidencial y Manuel Callejas y Callejas, ex director de Aduanas, quienes controlaban el flujo de armas hacia los grupos insurgentes y estaban vinculados a la delincuencia común y la corrupción administrativa durante el régimen de Romeo Lucas García.
Otros grupos sindicados de dirigir operaciones de contrabandos y fraude fiscal son La Red Moreno, encabezada por el salvadoreño Alfredo Moreno Molina, y el Grupo Salvavidas.
Cabrera explica la creación de la SAT a finales de 1997 y en años recientes la digitalización de los trámites aduaneros como parte del proceso de integración regional ha reducido el contrabando, pero no lo ha eliminado y el flagelo ha persistido hasta el Gobierno actual. “No ha existido continuidad con los superintendentes y la SAT no ha sido fortalecida en los últimos años”, señala.
Según Cabrera, la lucha contra el contrabando ha tenido avances y retrocesos. Bajo la administración de Álvaro Arzú se desarticularon algunos grupos delincuenciales, pero se les volvió a dar cabida durante la administración de Alfonso Portillo (Ortega Menaldo fue presuntamente asesor de Portillo).
Bajo la gestión de Óscar Berger, con Carolina Roca al mando de la SAT, “se intentó hacer una depuración”, pero estos esfuerzos no continuaron bajo el Gobierno actual.
Un ex funcionario de la SAT que pidió reserva de su nombre afirma que en el transcurso de esta administración “se despidió a personal altamente capacitado” (cerca de 102 funcionarios) y ex funcionarios que habían sido despedidos, mucho de ellos, bajo sospecha de participar en actividades ilícitas, regresaron. “A muchos los pusieron ahí por deuda política y no saben nada”, afirma.
Sin embargo, Díaz Monroy defiende su gestión, exponiendo que desde 2009 se ha conformado la Comisión Interinstitucional Contra el Contrabando –integrada por la SAT, el MP, el Ministerio de la Defensa y la PNC– la cual ha realizado 10 operativos en carreteras, un operativo “de alto impacto” en el río Suchiate y 52 allanamientos a establecimientos comerciales.
Pero Cabrera señala que estos esfuerzos se enfocan en el “contrabando hormiga” más que en el desmantelamiento de las estructuras criminales que operan en las aduanas, ya que su modo de operar es más sofisticado y se requiere una mayor labor de investigación para combatirla.
Jorge Lewis, ex presidente de la Junta Directiva de la Portuaria Santo Tomás de Castilla, hace notar que combatir el contrabando no compete únicamente al Gobierno. “El crimen organizado tiene sus tentáculos en todas las esferas. No es un tema de Gobierno, es un tema de Estado que se debe combatir con un esfuerzo de los sectores público y privado”.
Cabrera coincide con Lewis y señala que el sector privado “usa el contrabando como bandera diciendo que el Gobierno no debería de subir los impuestos sino cobrar lo que se pierde, pero no ha presentado ninguna denuncia ni ha excluido de las gremiales a los importadores involucrados en actividades ilícitas”.
La no aprobación del paquete fiscal también ha dejado engavetadas algunas modificaciones al Código Aduanero que cubrían algunos vacíos legales. Entre otras cosas, se identifican las facultades de la SAT en las zonas portuarias; se faculta a la SAT para que establezca y publique el listado de productos considerados de alto riesgo de sustracción de manera que el importador esté obligado a nacionalizarlos en la frontera; y se tipifican infracciones aduaneras y sus sanciones.
El Acuerdo Gubernativo 662-2005 Reglamento de Organización de la PNC, publicado el 9 de diciembre de 2005, creó la División de Fiscal y Fronteras (DFF), dentro de la estructura de la Subdirección General de Unidades Especialistas para la investigación y perseguir el contrabando, la defraudación fiscal y aduanera y el lavado de dinero.
Sin embargo, la unidad nunca llegó a crearse y la División de Puertos y Aeropuertos (Dipa) permaneció a cargo de la investigación de delitos tributarios. Luego, el 2 de abril de 2009 se publicó un nuevo Acuerdo Gubernativo que suprimió la DFF y convirtió la Dipa en la Sección de Puertos y Aeropuertos de la División de Análisis e Información Antinarcótica (DAIA).
De acuerdo con Cabrera, estos cambios evidencian la ausencia de una estrategia integral para combatir el contrabando.
Además, señala que uno de los principales problemas de la Sección de Puertos y Aeropuertos es que la persecución de delitos aduaneros es sólo una de sus tareas y carece de recursos adecuados.
También se baraja la posibilidad de crear una Comisión Presidencial Contra el Contrabando, encargada de coordinar el trabajo de todas las instancias relacionadas con el tema, incluyendo la SAT, la PNC, el MP y el sector privado.
Según la fuente de la SAT, este ente “podría ser efectivo si tiene el suficiente poder legal y político para que todas las instituciones amparadas bajo la comisión sigan sus lineamientos”.
No obstante, a Cabrera no le convence la idea. “Son esfuerzos aislados que pueden sonar interesantes, pero no tienen ninguna dirección”, afirma.
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